Si en su histórico recorrido por los Estados Unidos, Alexis de Tocqueville hubiera tropezado con una impensable escena en la que el administrador de una irrelevante agencia del gobierno le cierra la puerta en la cara al Senado de la República, de seguro, habría plasmado, con gran decepción, el infame acontecimiento, en su monumental obra, La Democracia en América.

Los arquitectos de la Constitución estadounidenses se esforzaron por alcanzar el más perfecto equilibrio de los poderes. En ese sentido, en su obra ¿Qué sé yo de historia?, Kenneth Davis señala que por cada dosis de poder que le otorgaron a una rama del gobierno, le otorgaron un poder semejante a las otras dos ramas. De esta manera, el Congreso podía controlar el poder del Presidente, la Corte Suprema podía controlar el poder del Congreso y así sucesivamente, manteniendo una simetría o equilibrio entre las tres ramas.

El checks and balance, como se conoce el equilibrio de poderes en inglés, tuvo su origen en la democracia griega, como se comprueba en La política, de Aristóteles, pero recibió un invaluable aporte del constituyente fundacional de los Estados Unidos.

Siguiendo ese orden, la teoría de la separación de funciones o de poderes fue desarrollada modernamente, bajo la influencia de Aristóteles, por el filósofo inglés, John Locke, y, de manera principal, por el barón de Montesquieu, en su trascendental obra Del espíritu de las leyes.

Tal y como sostiene Karl Loewenstein, en Teoría de la Constitución, la separación de poderes es una forma clásica de expresar la necesidad de distribuir y controlar respectivamente el ejercicio del poder político, distribuyendo determinadas funciones estatales a diferentes órganos del Estado.

Mientras que, como se ha dicho, los estadounidenses adoptaron la separación de los poderes de los griegos, los dominicanos la copiamos de la Constitución de los EE. UU.

En cambio, el Senado tiene su origen en el Senado romano, sin dudas, la institución más importante e influyente del Imperio, como lo demuestra el hecho de que sus sesiones eran presididas por el cónsul y que decidía las grandes cuestiones del Estado, como son la guerra, la paz, el gobierno provincial, las colonias, los asuntos religiosos y también los honores. Por la trascendencia del cargo, para ser senador era imprescindible haber ocupado los más altos cargos del Estado, tales como edil, pretor, censor o cónsul.

Considerando su importancia y poder, no se explica como el Senado de la República ha recibido impasiblemente tantos agravios, sin haber respondido los mismos de una manera ejemplar, para que  no vuelvan a repetirse.

Absolutamente nada justifica que el administrador de la central termoeléctrica Punta Catalina, Serafín Canario, le impidiera realizar una inspección a la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República, conformada por los senadores, Héctor Acosta, quien la preside, Lenin Valdez, vicepresidente, así como Antonio Marte y Milcíades Franjul, este último representante de la provincia Peravia, donde se encuentra instalada la mencionada planta.

La comisión actuó de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política, la cual le da facultad, en sus atribuciones de fiscalización y control, para investigar cualquier asunto que resulte de interés público.

Por lo tanto, los senadores no estaban obligados a rogarle previamente a la administración que les hiciera el favor de permitirles inspeccionar el lugar. Solo tenían que presentarse en representación del pueblo a realizar la inspección. La puerta de la cuestionada planta debió abrirse de par en par ante el toque soberano de la Cámara Alta del primer poder del Estado. Lo que ocurrió ese día fue un inaceptable atropello contra la separación de poderes.