MADRID.- Una de las grandes conquistas de las luchas por los derechos democráticos en la República Dominicana ha sido el afianzamiento de la libertad de expresión a todos los niveles.

A partir de haberse derribado las últimas barreras que mediatizaban el ejercicio de esa prerrogativa fundamental en un régimen de derechos, no se concibe que a nadie se le coarte bajo ningún subterfugio sin incurrir en una transgresión, si no de tipo legal, sí de tipo moral.

Es decir, que alguien que se precie de respetar los derechos a nivel general no puede, al mismo tiempo, asordinar a alguien que, en el ejercicio de esos derechos, manifieste lo que considere deba ser conocido.

A lo que me refiero es al extraño caso de censura a que se ha pretendido someter a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, por parte del inspector de la Procuraduría General de la República, quien ha apelado a una treta para justificar su acción, al asegurar que se realiza una investigación contra esa funcionaria por manejo irregular de compras y otros asuntos.

Sin embargo, la realidad es que de por medio está una cuestión de derechos, y se trata de las apariciones mediáticas que ha tenido la señora Ramos en la línea de edificar a la ciudadanía sobre hechos tan graves como los delitos electrónicos, entre otros tópicos de su incumbencia.

En realidad, de por medio está un asunto de egos, pues es muy posible que detrás de las acciones del señor Juan Medina haya alguien más con un elevado sentido de la autosuficiencia.

Llama poderosamente la atención que la mordaza institucional que se ha pretendido aplicar a la magistrada Ramos esté basada en una circular del anterior procurador general de la República, quien, al emitirla, también violó el derecho de los fiscales a hablar sobre sus jurisdicciones.

Digo que llama la atención, pues se supone—conforme la narrativa de la nueva gestión en la PGR—que todo lo realizado allí fue malo, razón por la cual ese memorándum debió ser derogado de oficio y no invocarlo como un instrumento digno de ser aplicado.

Recurriendo a la lógica de la PGR habría que suponer el impacto que tendría en el ámbito de una verdadera democracia, que el presidente de la República prohibiese a todos sus ministros, directores generales y demás funcionarios, hablar sobre el discurrir de sus dependencias.

No sería una democracia sino una caricatura mal dibujada. Que nadie venga con el alegato de que se trata de situaciones distintas, pues una mordaza lo es sin importar a quién se le ponga. Y me extraña que periodistas defiendan la censura.