Santo Domingo, RD.- El grupo implicado en la Operación Medusa habría estado al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Así lo hizo saber la fiscal Mirna Ortiz tras depositar la solicitud de medida de coerción contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y demás exfuncionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), involucrados en dicha operación
Aseguró que solicitaron prisión preventiva contra todos los implicados, además de que el caso sea declarado complejo.
“Esto era una red de corrupción criminal que operaba desde la Procuraduría General de la República, que estimamos hasta el momento que estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos”, dijo Ortiz a su salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El grupo es acusado de integrar una asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.
La fiscal, coordinadora de litigación del Pepca, dijo que la investigación sigue abierta.
RD$20 millones por cursos que no se impartieron
Según el Ministerio Público, el imputado Miguel José Moya habría logrado al menos seis contratos con la PGR entre 2018 y 2020, por un valor total de RD$19,683,600.
Según el documento de solicitud de allanamiento, el primer contrato fue firmado el 16 de febrero de 2018, con la PGR, siendo representada por Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y Moya dando la cara por la compañía Desarrollo, Individuo & Organización (DIO), SRL.
El acuerdo era para que Moya, asesor del también acusado Jean Alain Rodríguez, llevara a cabo una serie de talleres de capacitación al personal de la referida institución.
Este rondaba los 3.7 millones de pesos, y fue pagado en tres cuotas de unos 1.2 millones de pesos, los días 27 de marzo, 4 de mayo y 22 de junio del 2018.
Según el Ministerio Público, esto consistía en el requerimiento de una empresa que realizara diversos cursos y talleres, adjudicados siempre a DIO SRL, que ganaba por procesos de comparación de precios, se firmaba el contrato con la autorización de Rodríguez Imbert, exdirector financiero de la PGR, y del propio Jean Alain.
Esto se repitió el 18 de junio de 2018, que sirvió como renovación del contrato pasado por la misma cantidad, que igualmente fue dividido en tres pagos distintos, aunque en esa ocasión fueron efectuados, el 18 de octubre del mencionado año.
Asimismo, un día antes de ese depósito Rodríguez Imbert elaboró un documento de reconocimiento de deuda, donde aseguraba que DIO SRL realizó talleres de integración entre el 15 de agosto y el 15 de octubre del 2018, estipulando que la deuda por esos trabajos ascendía a RD$2,485,600.
Ya en febrero de 2019 fue rubricado otro contrato con un precio igual a los dos que le precedieron y que fue pagado el 28 de marzo con el modus operandi acostumbrado: cuotas de RD$1.2 millones.
A mediados de diciembre próximo la PGR emitió un cheque de RD$1,242,800, bajo el concepto de “talleres de integración para fortalecer el clima laboral”, tomando como base el documento de reconocimiento de deuda elaborado por Rodríguez Imbert , compromiso que ya había sido cumplido.
Un par de meses después, a finales de febrero del año pasado, se firmó otro contrato entre la Procuraduría y la empresa representada por Moya, en esta ocasión de capacitación especializada, fue de RD$4,770,000, y fue pagado para el junio siguiente, a través de transferencias.
Otro punto importante en la investigación es que los talleres que tenían que ser impartidos por DIO SRL eran inexistentes, hecho que fue encubierto por personal de la PGR, señalan los fiscales.
Trampa en licitaciones
Uno de los esquemas en común presuntamente utilizado por los imputados eran las licitaciones “fantasmas”, o sea, procesos de compras amañados a través de influencias.
En el documento de solicitud de allanamientos los fiscales detallaron las supuestas irregularidades en estos procesos de compras, principalmente por parte de los implicados Rodríguez Imbert y Rafael Canó Sacco.
Según dicho expediente, ambos tenían incidencia directa en qué compañía ganaban las licitaciones de la Procuraduría, a cambio de prebendas.
La manera de amañar estos concursos variaban, e iban desde el hecho de que en ocasiones solo las empresas favorecidas sean las únicas en presentarse en el sorteo hasta la descalificación adrede de las entidades no “agraciadas”.
Así lo confesó la coimputada Rainiery Elizabeth Medina Sánchez durante su interrogatorio con las autoridades, asegurando que sobre ella y otra implicada, Mercedes Camelia Salcedo Disla, caía esa tarea.
Esto lo lograban a través de sus cargos de encargada de almacén de la PGR y coordinadora administrativa de modelo penitenciario, respectivamente.
La modalidad consistía en realizar visitas para asegurarse que las empresas que participaban en las licitaciones cumplían con los requerimientos del contrato, para luego descalificarlas bajo instrucciones de otros imputados.
Para reprobar estas compañías Medina Sánchez y Salcedo Disla alegaban incumplimientos como problemas de iluminación y de limpieza.
Los implicados
Las autoridades han nombrado a 18 personas en el caso, entre ellas el exprocurador Jean Alain Rodríguez, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jenny Marte Peña, Alejandro Martin Rosa Llanes.
También Altagracia Guillén Calzado, Miguel José Moya, Amelia Isabel Escaño, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno Braulio Michael Batista Reyes, María Josefina Azar Díaz y Johannatan Loanders Medina Reyes y Ney Ernaldo Caccavelli Guevara.
De estos están detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el exprocurador general, Moya, Mercede Marte, Guillén Calzado y Forteza Ibarra.
