En una carta enviada al Presidente de la República, la sociedad científica, que agrupa  a los ginecólogos y obstetras, manifestó su preocupación por la salud y la vida de las mujeres dominicanas.

Indicó que, de aprobarse las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo para el Código Penal, “saldremos beneficiados como país, pues se reducirían dramáticamente las altas tasas de morbilidad y mortalidad materna asociadas al acceso a técnicas abortivas inseguras”.

El gremio abogó también por una educación sexual responsable en las escuelas y el acceso a métodos anticonceptivos, señalando que estudios e investigaciones, así como la experiencia de la medicina basada en evidencia han demostrado que los países donde se conjugan esas tres variables, evidencian bajos índices abortos inducidos.

Solicitaron a los legisladores asumir la recomendación de despenalizar el aborto en tres circunstancias: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de una violación o incesto, o cuando el feto tenga malformación no compatible con la vida.

La SDOG remitió también una carta al doctor Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, solicitando a los legisladores que “consideren la oportunidad y pertinencia de que el país disponga de un Código Penal, acorde a los tiempos y que asegure la vida de las mujeres, especialmente de las que tienen mayores limitaciones económicas y sociales para acceder a los servicios de salud que garanticen una atención de calidad”.

Recordaron que el presidente Medina observó los artículos 107, 108, 109 y 110 que conforman la sección III de la Ley de Código Penal, referente a la tipificación penal de la interrupción del embarazo. (Acento)