SANTO DOMINGO.- Para llevar a cabo su planificación estratégica, desarrollar sus proyectos de fortalecimiento institucional y reforzar la persecución penal en todo el territorio nacional, el Ministerio Público amerita de un presupuesto mínimo de 10 mil 500 millones de pesos para el año 2022.

Así se lo hizo saber a los legisladores la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, durante una visita a la Comisión Bilateral del Congreso que estudia el Proyecto de Ley de Presupuesto de Gastos Públicos para el venidero año.

La procuradora general indicó que “son de todos conocidas las precariedades que pasa” el órgano responsable de la política penal y de la persecución de crímenes y delitos. Al respecto, agregó: “Aunque hasta ahora hemos tenido apoyo en las extremas necesidades”, se hace necesario un incremento de los recursos asignados “con el objetivo de lograr un fortalecimiento institucional y la reestructuración del Ministerio Público”.

Germán Brito expuso a los congresistas, junto a parte de su equipo técnico, los cuatro grandes ejes de su planificación estratégica.

Detalló que el tope presupuestario asignado por el Gobierno al Ministerio Público, tal como figura en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), se establece en RD$8,399,310,777, razón por la que el órgano solicitó al Ministerio de Hacienda un incremento de RD$2,105,070,792, con lo que ascendería a 10,504,381,569.

Aunque la actual gestión entiende, sin embargo, las limitaciones que pudiera imponer la pandemia de la COVID-19 a todos los países, República Dominicana hará los esfuerzos requeridos para seguir fortaleciendo el Ministerio Público.

Sobre la planificación estratégica para 2022, la máxima representante del Ministerio Público explicó que se sustenta en cuatro ejes, que consisten en fortalecer la gestión institucional, desarrollar una efectiva persecución penal con altos estándares técnicos y de calidad, habilitar la infraestructura física, de tecnología de información y de operaciones y servicios, y optimizar el cumplimiento de las normativas legales del Ministerio Público, del Sistema Penitenciario y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.