No recuerdo si lo hizo a solicitud mía o ya había realizado el estudio, lo cierto es que el primo arquitecto Mariano Sanz Martínez realizó una investigación sobre el consumo de combustibles de un vehículo detenido bajo un semáforo desprogramado cuya frecuencia de paso era alterada por distintas causas, ninguna autoridad estuvo interesada en esos resultados.

La cantidad de dinero desperdiciado bajo un semáforo por falta de coordinación en quienes se presume que controlan el tránsito, la discontinuidad del servicio eléctrico, descuidos en el mantenimiento de los equipos y ¡oh, Dios! los benditos policías que intervienen para mal, para dañar más, pese a su supuesta buena intención, cuesta a la Nación decenas si no centenares de millones de dólares por falta de autoridades que practican aquello de “a lo que no me cuesta, hagámosle fiesta”, llora ante la presencia de Dios.

A ello hay que sumar la insolencia de cualquier carajete de uniforme o investido de una autoridad, que no ejerce con templanza, quien entiende que tiene el derecho de progenitura o el de pernada, para transitar por las calles, caminos y avenidas del país.

El segundo, y más importante problema es la cantidad excesiva de automotores que agobia las estrechas, mal trazadas calles y avenidas carentes de mantenimiento, ni hablar de los obstáculos creados por la disposición de basuras que estrechan más las vías.

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La cantidad de vehículos es una demostración diaria y permanente de la falta de planificación. La ciudad creció como un niño malcriado que no tuvo padres ni tutores que supieran guiarlo, de ahí que ningún gobierno afrontó el problema de masificar el transporte de pasajeros en la ciudad con vehículos higiénicos, manejados por conductores entrenados y educados para servir con respeto.

Esa situación acumulada por décadas obligó a gente que carecía de los fondos, a entramparse con bancos y prestamistas, para adquirir un vehículo, llegar a tiempo al trabajo o llevar los hijos a la escuela o a la universidad.

El Gobierno tiene la principal responsabilidad en el problema del tránsito de vehículos pues es suya la facultad de regular toda actividad pública que beneficie o perjudique a los gobernados, para ello, es imperativo que detenga la hemorragia de divisas que sale por la importación de vehículos nuevos y usados.

Solo permitir la importación de vehículos de carga, para la agricultura, la construcción, en número limitado y castigar con un arancel igual a 15 veces el costo de los automóviles de lujo.