Santo Domingo, RD.- La Armada y el Ejército de República Dominicana confirmaron que dos de sus miembros están involucrados en tiroteo donde fueron ocupados 237 paquetes de cocaína en Juan Dolio y ofreció las identidades.
En el caso de la Armada, se trata del capitán de fragata Kelvin Agustín Mejía Herrera (ARD), quien según el comunicado de la Armada, estaba prestando servicios fuera de esa institución.
A Mejía Herrera se le está tramitando la suspensión de sus funciones. “De tal manera que su estado militar no afecte, ni interfiera con el accionar de la justicia, a la cual será sometido inmediatamente”.
“La Armada de República Dominicana informa que con relación a los hechos relatados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), donde está involucrado un oficial superior de esta institución, quien se encontraba prestando servicio fuera de la Armada, el mismo se trata del capitán de fragata Kelvin Agustín Mejía Herrera, ARD, a quien, en estos momentos se le está tramitando la solicitud de suspensión de sus funciones de tal manera que su estado militar no afecte, ni interfiera con el accionar de la justicia, a la cual será sometido inmediatamente”, dice el comunicado
Agrega que el accionar de la Armada se fundamenta en las disposiciones del artículo 269 de la Ley 3483, de fecha 5 de marzo del 1953 y del artículo 182 de la Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas.
Mientras que el miembro del Ejército es el sargento mayor José Luis Sánchez Vélez, quien fue suspendido inmediatamente y puesto a disposición de la justicia. El civil fue identificado como Elvin Daniel Lawrence.
“La comandancia general de esta institución (la Armada) será enfática en aplicar los reglamentos disciplinarios vigentes sin distinción, a los miembros que se vean involucrados en actos reñidos con la ley; y que pretenden empañar la imagen de nuestra honorable institución y de los hombres y mujeres que día a día se sacrifican para defender nuestros mares y costas”, indica.
Un comunicado similar lo emitió el Ejército donde también dice que no permitirá que el accionar de unos de sus miembros afecte la imagen de la institución ni que interfiera con la justicia.
