El afán de obstruir todo esfuerzo de avance en el adecentamiento de la vida institucional siempre tendrá un tinglado decidido al retardo de procedimientos legales vitales en la consecución de condenas anheladas por amplios núcleos ciudadanos. En este momento la intención es colocar a la Cámara de Cuentas (CC) en el centro de impugnaciones éticas que, impulsadas por agendas partidarias, intentan que prevalezca la histórica complicidad.
Lo cierto es que las auditorías emanadas del órgano constitucional certifican manejos correctos y/o corruptos de los fondos públicos. Y en ese orden, resulta vital estructurar un descrédito políticamente orquestado entre instancias que constituyen la materia prima de condenas y reconocidas voces del sector desplazado del poder.
Así como la presunción de inocencia representa una regla esencial de toda fase acusatoria, aireada desde poltronas de la comunicación de militancia inocultable, no es menos cierto que toda sospecha relativa al comportamiento de cualquier miembro de la CC debe ser auscultado sin que la legítima carga investigativa exprese un ardid para el retardo de llevar hasta las últimas consecuencias a franjas de la población, inalcanzables e intocables por la justicia.
Afortunadamente, aquí todos nos conocemos y las influencias mediáticas están siendo utilizadas de plataforma al servicio de la distorsión, donde la fuente capaz de financiar económicamente los dardos y ataques, poseen la convicción irrefutable de que siempre es posible imponerse por la fuerza del relato. El hecho incuestionable es que el cerco ético y la impugnación ciudadana seguirán encontrando todos los obstáculos de franjas aterradas por condenas penales y el desmantelamiento de estructuras mafiosas inimaginables. Los que forjaron la cámara de cuentos pretenden contarnos nuevas historias. Dándole hasta connotaciones de índole privado y/o sexualidad, en el interés de aniquilar moralmente los intentos institucionales por derrotar la corrupción. Tantas insistencias en el marco de etapas investigativas en capacidad de colocar en el ojo público un extenso memorial de inconductas, resultan sospechosas y tienden a confundir a la población, muchas veces desorientada por fabuladores y arquitectos del irracional criterio de que las prácticas orientadas a esquilmar las arcas nacionales andan asociadas con el ADN de la patria. ¡Totalmente falso!
Afortunadamente, la ciudadanía es muy sensata y sabe distinguir el auténtico deseo de penalizar cualquier exceso ético de los servidores públicos con argucias y falsedades pautadas, pero cargadas de intenciones malsanas. Ahora pretenden hacernos un cuento en la CC. Seguirán, no descansan.
