La verdad siempre derrota la mentira. Por eso, las estadísticas sirven para desmontar el vendaval de falsedades estructuradas alrededor de las terribles dificultades de una amplísima gama de compañeros que, llenos de esperanzas, presumían que su esfuerzo y dedicación a la victoria electoral habilitaría su ingreso al tren administrativo. Advierto que no propugno por desconocer derechos adquiridos ni asumo el acceso a la función pública de patrimonio exclusivo de los militantes de la fuerza partidaria mayoritaria.
Lo cierto es que, desde la juramentación de las autoridades del PRM, la insatisfacción entre miembros de la dirección media y la base de la organización resultan evidentes. Dos elementos se combinan: la falsa argumentación de una considerable cantidad de empleados de carrera incorporada en la administración del PLD y escaso adiestramiento y/o calidades académicas de la dirección media y las bases. En el fondo, ambos alegatos exhiben una noción de corte discriminatorio para acceder al empleo, caracterizada por el ritual del currículum y el perfil, a mil kilómetros de distancia de la naturaleza social de una organización que tiene de referente al excluido político por excelencia: José Francisco Peña Gómez.
El hecho cierto, no la palabrería politiquera, revela que solo un 9.73% del sector público posee la categoría legal de empleados de carrera. Es decir, 61,524 miembros del tren oficial están amparados por los efectos de la Ley 41-08. Y hasta el primer trimestre del presente año, existían 599 mil empleados en la nómina oficial. De ahí que los reiterados alegatos tendentes a cerrarle el camino a ciudadanos con deseos de servir en las labores gubernamentales no se corresponden con la verdad. Inclusive, en las áreas del Ministerio Público, ámbito tributario y sector diplomático, los porcentajes de 1.81%, 1.05%, 0.15% representan el personal técnicamente protegido por la disposición legal con ribetes que dificultan la sustitución.
En el terreno de los hechos, desde julio de 2009, el decreto que sirvió de fundamento para la implementación de la Ley de Función Pública, no necesariamente se traduce en un muro que detenga la posibilidad de que, gente con méritos sobrados y vocación de servicio, pero de una orientación partidaria pueda acceder a un espacio de participación en las labores estatales.
Lo innegable es que al relacionar los porcentajes de empleados en la carrera administrativa, se comienzan a develar las mentiras sostenidas desde el ascenso al poder de la actual administración, relacionadas con cuotas altísimas del personal existente y de factura PLD o FP.
