Santo Domingo, RD.- Faltando siete días para vencer el plazo de 45 días otorgado por el Gobierno para que los operadores aéreos nacionales y extranjeros se abstengan del cobro de los diez dólares, por concepto de Tarjeta de Turismo, a los pasajeros dominicanos y los extranjeros residentes en la República Dominicana, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), solicita una revisión de la medida.

El pasado 23 de septiembre el Gobierno otorgó un plazo de 45 días, y este lunes 31 de octubre IATA emite un comunicado explicándolos obstáculos que han tenido las aerolíneas, y platea otro mecanismo para eximir a los dominicanos y residentes en esta nación a pagar por esa tarjeta.

“IATA y sus miembros no cuestionan el principio o el cobro de dicho cargo. No obstante, las limitaciones de los sistemas de las aerolíneas para diferenciar por nacionalidad y estatus de residencia impiden el cumplimiento de dicha resolución (217-2022).

 En ese sentido, IATA explica que ha propuesto al Gobierno la implementación de un portal web que permita a los turistas pagar la tarjeta de turismo previo al viaje, dinero que iría directamente al Gobierno y liberaría a los pasajeros exentos del pago de la tasa, al destacar que ese proceso ha sido exitoso en otras naciones.

A continuación reproducimos el comunicado íntegro publicado este lunes en la prensa local

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) ha solicitado al Gobierno de la República Dominicana la revisión de la Resolución 217-2022 emitida el 23 de septiembre por la Junta de Aviación Civil (JAC), que instruye a las aerolíneas nacionales e internacionales que realizan transporte internacional de pasajeros desde y hacia la República Dominicana, a reconfigurar sus sistemas de reservas en un plazo de 45 días para eximir del cobro del derecho de entrada (Tarjeta de Turista) a los ciudadanos dominicanos y extranjeros residentes.

 IATA y sus miembros no cuestionan el principio o el cobro de dicho cargo. No obstante, las limitaciones de los sistemas de las aerolíneas para diferenciar por nacionalidad y estatus de residencia impiden el cumplimiento de dicha resolución. Además de los ciudadanos dominicanos y los residentes extranjeros, la ley también exime de forma bilateral a los ciudadanos de Argentina, Chile, Corea del Sur, Ecuador, Israel, Japón, Perú y Uruguay, a los titulares de visados y a otros diplomáticos en misión oficial.

IATA ha propuesto al Gobierno la implementación de un portal web que permita a los turistas pagar la tarjeta de turismo previo al viaje, la cual ha sido reiterada a través de comunicaciones al gobierno. El recaudo iría directamente al Gobierno y liberaría a los pasajeros exentos del pago de la tasa. Esta solución ha sido implementada exitosamente en Aruba, Bonaire, Canadá y Surinam, entre otros, para cargos similares.

El proceso actual – donde el cobro está incluido en la emisión del boleto – fue implementado en el 2017 según una directiva de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), aun conociendo las limitaciones en los sistemas expuestos por las líneas aéreas en su momento, lo que conllevó a que los pasajeros tuvieran acceso a un proceso de reembolso –para aquellos exentos- por parte de las autoridades competentes.

IATA promueve el establecimiento de normas globales y mejores prácticas de forma coordinada entre sus miembros para lograr la eficiencia operativa a través de la automatización de los procesos de la industria. El carácter internacional del sector de los viajes depende en gran media de la armonización de los parámetros para hacer frente a las normas impuestas por los gobiernos y autoridades en todo el mundo. Esto reduce la carga administrativa y las complejidades de cumplimiento para las aerolíneas, garantiza la liquidación precisa y rápida de los impuestos, tasas y cargos pertinentes y mejora la experiencia del cliente.

IATA y sus miembros reiteran su compromiso y voluntad de cumplir con todas las regulaciones y de trabajar en colaboración con el gobierno dominicano para facilitar el fortalecimiento del turismo y los consecuentes beneficios económicos derivados para el país.