Parece que los partidos políticos quieren una JCE más débil, con menor capacidad de control y fiscalización de los recursos que manejan, lo que obligó a los miembros del Pleno, encabezado por el doctor Román Jáquez Liranzo, a dar la voz de alarma en un comunicado público en el que expresan su preocupación por las modificaciones introducidas en el Senado de la República a la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral debido a que le resta autoridad y autonomía.

En el documento, leído por el propio Román Jáquez, la JCE se queja de que en lugar de reducirse los topes a los gastos de campaña se mantienen igual a como están instituidos en la ley vigente, y cuestiona que tampoco se establece la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas, ni sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento de los informes.

Aunque en el comunicado el Pleno de la JCE dice valorar, en un evidente gesto político, el esfuerzo y el compromiso con la reforma a las leyes electorales que han demostrado los legisladores de las distintas fuerzas representadas en el Congreso Nacional, especialmente los miembros de la comisión del Senado que llevó a cabo los trabajos, los resultados desdicen de ese compromiso, que en los hechos está demostrando que está muy alejado del interés de rodear de mayor transparencia el accionar de los partidos políticos, obligados a rendir cuentas del dinero público que reciben y que aportamos los contribuyentes.

Y si la intención detrás de esos cambios es la de atarle aun más las manos a la JCE para poder seguir haciendo lo que les antoja sin ninguna consecuencia, alguien debe advertirles a los partidos que están jugando con fuego, pues continuar debilitando la autoridad del árbitro de la elecciones equivale a debilitar la democracia hasta límites muy peligrosos. Y eso puede obligarnos a pagar un precio alto, demasiado alto, solo para que puedan continuar sirviéndose con la cuchara grande en un sistema electoral hecho a su medida.