Santo Domingo.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina Peña, pidió este sábado a los actores del Poder Judicial lograr mayor calidad y prontitud en la justicia criminal, respetando la independencia funcional, el debido proceso y el Estado de Derecho.
Con la presencia del presidente Luis Abinader, Molina Peña dijo que a través del modelo de ciudades judiciales, con sedes diferenciadas para los distintos actores del sistema de administración de justicia, marcará también un antes y después en el acceso efectivo a la justicia.
Al participar en la Audiencia Solemne por el Día del Poder Judicial, el magistrado presentó los principales resultados del 2022 en la gestión de justicia y anunció los retos y planes en la función administrativa y jurisdiccional en este 2023.
“Nuestro desafío ha sido avanzar con paso firme hacia la meta que nos trazamos desde el primer día: dar solución a los grandes problemas que afectan a nuestros tribunales y lograr una justicia al día, para garantizar la dignidad de las personas”, afirmó Molina Peña.
El magistrado destacó que, desde el primer día, el Poder Judicial avanza con una visión compartida, consensuada y diseñada para responder a las exigencias de la sociedad de estos tiempos.
«Para 2022 se produjo un logro sin precedentes en la administración de justicia: fue resuelto el 100% de los expedientes pendientes de audiencia y fallo apoderados antes de 2019 por la 2da Sala, 3ra Sala, Pleno y Salas Reunidas. En esta corte de casación encontramos 18,357 expedientes pendientes de decisión, algunos databan hasta del año 1982. Hoy, todas las salas fallan casos ingresados en el último año y en su mayoría en los últimos 6 meses, a excepción de 10 casos aún pendientes en la Primera Sala».
Asimismo, subrayó la necesidad de resolver la situación de más de 16,000 personas privadas de libertad sin juicio ni condena.
Dijo que este es un tema que se debe afrontar «con valentía, sumando esfuerzos, mejorando la coordinación, fortaleciendo cada una de las instituciones y, sobre todo, fomentando la confianza y el respeto hacia cada uno de los actores del sistema de justicia».
Apuntó que «el objetivo no debe ser imponer medidas de coerción, sino servir justicia, con prontitud y apego al estado de derecho», de acuerdo con un comunicado de la Suprema.
