Santo Domingo.- La Declaración Jurada de Bienes, también conocida como Declaración de Patrimonio, es un documento que permite a los funcionarios públicos presentar todos sus bienes patrimoniales, tales como casas, vehículos, ingresos y egresos, estableciendo así sus activos y pasivos. Este tipo de declaración les permite presentar todos sus bienes para poder desempeñar actividades públicas, y de esta manera prevenir la corrupción.

El programa de investigación Reporte Especial con Julissa Céspedes analizó como a poco más de un año para una nueva gestión administrativa, conforme las estadísticas que recibimos de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas, han sido identificados hasta el pasado mes de marzo más de 3,700 trabajadores públicos que no han presentado su declaración jurada de bienes.

La obligación de los funcionarios a declarar se dividen entre los servidores públicos que fueron electos por el voto popular, y los que fueron nombrados mediante decretos presidenciales, en este ultimó puntos los omisos ascienden a 446 funcionarios y exfuncionarios.

De estos 446 exservidores públicos, el mayor grosor corresponde a los 409 exfuncionarios que tras el cese de sus funciones en el Estado no inventariaron sus bienes, por otro lado, hay 30 que fueron posicionados por primera vez en una posición pública, y a marzo del 2023 no habían declarado a cuanto haciende su patrimonio, y por último, esta 7 servidores que no han actualizado los datos de sus bienes.

Los números son claros, la mayoría de los casos de incumplimiento, más de 400, son de funcionarios que figuran en cese de funciones, es decir, que ejercían funciones públicas antes o hasta del 2020.

La importancia de presentar la declaración jurada de bienes es imperante, por ejemplo, en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas solo hay dos exfuncionarios que no declararon sus bienes tras el cese de sus funciones y estos son: Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, expresidente y Magalis Medina Sánchez, exvicepresidenta.

Sus nombres son su carta de presentación, ambos implicados en el entramado de corrupción desvelado por el Ministerio Público mediante la operación Antipulpo, partiendo de estos, aquí empieza la historia.

Los números son claros, la Lotería Nacional ocupa el primer puesto debido a que allí laboraron 24 exfuncionarios que no transparentaros sus bienes a su salida, en el segundo lugar está INESPRE con 23 ex servidores públicos,  en tercer lugar esta Comedores Económicos con 18 funcionarios que fueron destituidos mediante el decreto 387-20 y a la fecha no han rendido un informe de sus patrimonios.

Dos instituciones gubernamentales que comparte el puesto número 4 son el INDESUR, y la Comisión Presidencial De Desarrollo Barrial, con 16 exfuncionarios desvinculados en el año 2020 en cada una de las instituciones. En el quinto lugar de las instituciones que más omisos hay de declaración jurada de cese de funciones, es el Instituto Agrario Dominicano, con 15 exfuncionarios.

A estos números le podemos poner rostros, por ejemplo, en la Lotería Nacional, una de las instituciones que se ha visto envuelta en varios escándalos, su exsubdirector, o segundo titular, Douglas Escoto Minaya quien laboró en esa entidad desde el 2011 a su salida, 9 años después no mostró los números a que ascendía su patrimonio.

Este no es el único sub administrador que a no ha sacado sus cuentas claras, igual que él hay 22 personas más como: Erikson Taveras Castro, quien ingresó en el 2012; y Genovi Sánchez Popoteur quien permaneció en el cargo por solo un año, entre el listado de los exfuncionarios de la Lotería que no contabilizó su patrimonio a su salida de la entidad, está su exadministrador general Manuel Eleuterio Herasme quien ocupó el cargo desde el 2012.

En el caso deINESPRE, la historia se repite, de los 23 exfuncionarios que no declararon su patrimonio, 20 ocupaban el cargo de subdirectores, entre los que figuran: Bienvenido Chico Ventura, quien ocupo ese puesto desde el año 2010, en este listado figura de igual manera, el exsubdirector ejecutivo,  Francisco Alberto Abreu Cáceres, esto solo por mencionar algunos casos.

Las instituciones en la que funcionarios que fueron destituidos mediantes decreto y no sacaron sus cuentas claras es muy amplia y diversa, una de las entidades que sale a relucir es el Sistema Nacional De Atención A Emergencias Y Seguridad 911, Dalvert Adolfo Polanco Arias, quien fungió como director ejecutivo a su salida no declaro sus bienes cargo que asumió en el año 2018.

Los incumplimientos no solo están las comisiones, direcciones, e instituto, también están en los Ministerios, los encargados del despacho de los asuntos de gobierno. A diferencia de los casos anteriores las omisiones no son numerosas, pero si importantes, uno de esos casos es el Ministerio de la Juventud, una institución que se ha visto envuelta en varios escándalos, y en menos de 2 años fue dirigido por dos distintas ministras.

Luz Alba Jiménez Ramírez, quien fue destituida e investigada en torno a supuestos actos de corrupción que se cometieron presuntamente en su efímera gestión de 1 año. Conforme las estadísticas que recibimos de la Cámara de Cuenta, está a marzo del 2023 no habría presentado su declaración jurada de patrimonio.

Por otro lado, en el Ministerio de Defensa, el ex inspector General de las Fuerzas Armadas, el mayor general del Ejército, Jose Manuel Castillo Castillo, quien fue desvinculado en el año 2022 tras haber ocupado aproximadamente dos años en la institución, no declaró a cuanto ascendía sus bienes

La ley tampoco llega al Indotel, al menos no la que obliga a los exfuncionarios a transparentar sus fondos, ya que dos servidores públicos de primer nivel, es decir, miembros del Consejo Directivo no cumplieron con sus deberes, estos son: Fabricio Ernesto Gómez Mazara y Pedro Ramón Avelino Domínguez Brito designados en esas posiciones en el año 2016 y 2019 de manera respectiva.

En la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETED, la historia es más alarmante, ya que 6 de los 14 funcionarios que conformaban el Consejo Directivo de esa institución, tras casi tres años de haber sido destituido en agosto del 2020, no han declarado a cuánto asciende su fortuna.

¿Quiénes son?

Ramón de la Antigua Flores García, quien fue miembro del consejo por más de 9 años, tampoco inventariaron sus bienes, Bernardo Rodríguez Gómez, Danilo Santos Hiciano, y Rafael Augusto Collado Abreu, nombrados en el 2012; tras permanecer 7 años en el cargo, Jose Antonio Paulino Grullón tras su destitución no declaró a cuánto asciende su fortuna, también figura en la lista Francisco Jose Peña Cabrera nombrado en el 2016.

En este caso haremos un ejercicio que no se puede hacer con todos los demás, por ejemplo, Francisco Jose Peña Cabrera a su llegada a ETED tras una corta vida política, declaró que su fortuna ascendía a un poco más de 13 millones de pesos, aumentó o disminuyo, es un misterio, lo mismo pasa con el exmiembro Jose Antonio Paulino Grullón quien declaro en el 2013 poseer una fortuna ascendente a más de 7 millones de pesos, de su lado, Ramón de la Antigua Flores declaró en el año 2011 tener un patrimonio de 15 millones de pesos.

De igual manera, Danilo Santo Hiciano en el 2012 declaró una fortuna de un poco más de 2 millones de pesos, un dato a destacar es que declaro poseer un edificio, pero no el valor del mismo, Bernardo Rodríguez nombrado en ese mismo año declaró tener una fortuna de 6 millones 428 mil pesos, y por último Rafael Collado Abreu quien declaró en el 2012 una patrimonio que supera los 84 millones de pesos.

La conexión entre Ministerio y Viceministros que no declaran es ineludible, y marca un patrón, por ejemplo el exviceministro en el Ministerio del Turismo, Julio Alejandro Almonte Nina, tras permanecer 6 años ocupando la posición a su salida en el 2020, no hizo un inventario de sus bienes.

Tampoco declaro su patrimonio, Julio Alberto Avila Avila, quien en mayo del 2020 fue designado como viceministro de Energía e Infraestructura del Ministerio de Energía y Minas, 4 meses después, específicamente en septiembre, fue desvinculado del cargo.

Tras ocupar casi dos años en la posición de viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Fulvio Ureña Acosta fue destituido en el 2022, a su salida, este exfuncionario tampoco declaró sus bienes tras el cese de funciones.

En el caso del Ministerio De Educación Superior, Ciencia Y Tecnología, dos viceministros tras salir del cargo no declararon los bienes que poseían quienes son: Edwin Rafael Ricardo Corniel nombrado en el año 2018, y Enid Mercedes Gil Carreras desde el 2012.

En la relación también figura 7 exfuncionarios del Ministerio de Cultura quienes salieron del cargo sin declarar su patrimonio, de estos, 4 ocupaban el cargo de viceministros en los que figuran: Ediltrudis Pichardo Santos, Jose Virgilio Peña Suazo, Juan Morales Vilorio, y Leopoldo Antonio Oviedo, de su lado, también hay 3 funcionarios que ostentaban el cargo de subsecretario, entre ellos: Orlando Lora Pacheco, René Merette Thomas y Robert Berroa Sosa.

Ni las sanciones, destituciones, ni los expedientes de corrupción han incentiva a los exfuncionarios a declarar su patrimonio, lo que abre una ventana a la corrupción.