En los actos de conmemoración del recién pasado primero de mayo, la demanda de la libertad sindical apareció como una más de las tantas que se levantan y no, como debiera suceder en el caso dominicano, a la cabeza de todas las demandas.
Como si no se comprendiera que las conquistas de los trabajadores exigen de un movimiento sindical organizado y fuerte. La fortaleza de la clase obrera reside en su número, en el papel que juega en la producción y, principalmente, en su organización.
Un movimiento obrero disperso, dividido, sin líderes ni organizaciones efectivas, siempre será víctima indefensa de sus opresores. Por eso, el deber de todo quien se comprometa con la causa de los trabajadores es defender esas organizaciones y crearlas allí donde no existan.
Pero ocurre que en nuestro país no existe el derecho de los trabajadores a organizarse. Por consiguiente, la tarea más importante es luchar por conquistarlo. La Constitución y el Código de Trabajo lo consagran en el papel, y de palabra, el gobierno y la patronal lo reconocen como parte de la democracia que, según se nos repite, existe en el país.
¿Cuál democracia es esa? Una democracia que se detiene en las puertas de las fábricas y los demás centros de trabajo. Oigo decir que existen más de setecientas mil personas en las nóminas del Estado.
Pero no hay una sola asociación que agrupe a los empleados públicos. Empleados bancarios, trabajadores del sector comercio, obreros agrícolas, trabajadores fabriles, etc., privados por completo del derecho a organizarse con fines reivindicativos, porque aquel que lo intenta, es lanzado a la calle en el acto y sin contemplaciones.
Es tal el ambiente de represión antiobrera, que los escasos sindicatos que sobreviven se ven forzados a la pasividad o existen porque los directivos se han transado con los patronos.
¿Crear una central única? ¿Pero con cuáles sindicatos y federaciones si no existen ni hay libertad para crearlos? ¿Por qué no empezar mejor por el principio, y constituir una entidad pública, integrada por sindicalistas, trabajadores, abogados y expertos en derecho laboral, que tome la defensa de la libertad sindical como estandarte, emplace a la patronal y acompañe a los obreros, en todas las instancias legales y de calle, en la lucha por ejercerla?
Ese sería un paso importante de una gran marcha por evidenciar la enfermedad de que adolece esta democracia, y por el rescate del movimiento y su ascenso a formas superiores de organización.
