SANTO DOMINGO..- Los 12 encartados por el Ministerio Público de formar parte de un entramado de corrupción desarticulado en “Operación Gavilán”, acusados de eliminar y adulterar registros penales a cambio de sobornos, habrían favorecido a más de 16 mil personas con las adulteraciones.

De acuerdo a la procuradora fiscal Sourelly Jáquez, representante del Ministerio Público en este caso, las adulteraciones ascienden a 16,958 personas y no 8 mil, como se había informado anteriormente en la solicitud de medida de coerción del órgano acusador.

“No solamente se indicaban las 8,000 y pico de personas que aparecían con registros alterados o borrados, sino 16,958 personas que conforme al peritaje técnico le fueron eliminados o borrados los antecedentes penales”, declaró la fiscal a la salida del conocimiento de medida de coerción este lunes.

Entre las acciones ilícitas que habrían eliminado los señalados por el Ministerio Público, entre ellos fiscales de ese órgano, figuran antecedentes penales ligados al narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, adulteración de alcohol, lavado de activos, entre otros delitos graves.

El paso a paso para los miembros de la Procuraduría proceder a la eliminación se llevaba a cabo de la siguiente manera: solicitud de eliminación de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivo o transferencia, eliminación de antecedente, consulta de comprobación, expedición de certificado de no antecedes penales y, por último, “franqueo” para salir del país.

MEDIDA DE COERCIÓN

Ante los hechos, el Ministerio Público solicitó al juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena, quien conoce el caso, que este sea declarado complejo y los imputados cumplan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.

Hasta el momento, el órgano acusador presentó su medida de coerción. Cinco barras defensas han presentado argumentos ante el tribunal y dos imputados han tenido la oportunidad de exponer, siendo uno de ellos el acusado Antony Ferrer Monegro, quien aceptó todas las imputaciones señaladas en el documento.

“Dos imputados declararon en esta fase, dentro de ellos el miembro actual de la Policía Nacional Antony Ferrer, quien admitió los hechos que presentó el Ministerio Público en la medida de coerción (…) admitió todos los hechos, cómo funcionaba la red y habló de otros de los imputados”, sostuvo la fiscal.

De acuerdo a la fiscal, “la compañía Nexcom Technology, es una compañía de tecnología que fue utilizada por los imputados y movilizó más de 12 millones de pesos para hacer la eliminación y adulteración, vinculada al exmiembro de la Policía Nacional, Luis Alfredo Astacio Polanco, que es uno de los imputados que está aquí presente”.

Este martes se espera que continúe el proceso de solicitud de medida de coerción a partir de las 2:00 de la tarde con la ponencia del resto de los acusados en este caso y la contrarréplica del órgano acusador.

FISCALES SIN NOMBRE

En operación Gavilán hay siete fiscales que están siendo acusados, cuyas identidades hasta el momento se ha manejado con total hermetismo, sin embargo, de acuerdo a la fiscal, los nombres y la jurisdicción a la que pertenecen será dado a conocer “en los próximos días”.

“La Procuraduría General de la República en los próximos días va a estar indicando quienes son los fiscales”, dijo Jáquez.

En contra de estos fiscales, será solicitado en las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.

Además de los fiscales, entre los encartados figuran Mártires Rosario Reyes; Rubén Darío Morbán Santana y su esposa Laudelina Reyes Silva; Pilar Medina Trinidad, Yokaira Carmona; Luis Alfredo Astacio Polanco; Ashley Morbán Reyes; Antony Ferrer Monegro; Romansqui Dotel Medina y Dilcia Núñez, quienes continúan detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Entre las personas que estos beneficiaron aparecen personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años, quienes figuran sin antecedentes penales en los registros oficiales.