La considerable distancia que separa a Río San Juan de la Capital ha dejado una marca preocupante en la administración de justicia en esta comunidad. El retraso en la llegada de denuncias a las instancias superiores y la ausencia de un representante del Ministerio Público residente en el municipio, han tejido un clima de incertidumbre que socava la efectividad y equidad en la aplicación de la ley. Ha llegado el momento de que Río San Juan haga oír su voz y exija la designación de un fiscal que no solo comprenda sus necesidades, sino que también respire y viva la misma realidad.

Durante varios años, Río San Juan ha enfrentado la ausencia de un fiscal residente en el municipio. Esta carencia ha dejado a los ciudadanos desamparados en situaciones urgentes sin el respaldo necesario. Los arrestos injustificados de jóvenes por parte de la policía, incluyendo el reciente incidente en el que un joven recibió un disparo por la espalda por un miembro de esa uniformada, han causado angustia entre sus familiares. Estos últimos, desprovistos de acceso a un representante del Ministerio Público en momentos críticos, se ven forzados a buscar auxilio a través de autoridades locales, generando así una cadena de favores políticos que solo perpetúa la distorsión en el sistema.

Este no es el Río San Juan que alguna vez conocimos. Una comunidad pequeña donde todos solían conocerse y ayudarse mutuamente. Ahora, es crucial restaurar esa confianza y solidaridad. Recordamos a fiscalizadores como Miguel Benavides, Pelagio Núñez y Luis Hernández, quienes fueron ejemplos de buenos conciliadores, capaces de tender puentes entre las partes en conflicto. Su ausencia se siente profundamente y es hora de que la comunidad tome las riendas para exigir un cambio.

El Ministerio Público tiene una visión clara de ser un referente regional de excelencia. Sin embargo, esa excelencia debe ser tangible en cada rincón de la nación, incluyendo Río San Juan. La accesibilidad, confidencialidad, transparencia y respeto que promulga el Ministerio deben extenderse a esta comunidad. La designación de un fiscal residente no solo mejoraría la respuesta inmediata ante problemas legales, sino que también restauraría la confianza en el sistema de justicia.

El empoderamiento de la sociedad de Río San Juan es el camino a seguir. Demandar un fiscal que viva en el municipio es un paso audaz hacia la reforma. Al hacerlo, la comunidad se comprometerá con los valores del Ministerio Público: integridad, compromiso y respeto. A medida que la comunidad se una en esta demanda, estará defendiendo sus derechos y construyendo un futuro en el que la justicia sea verdaderamente accesible para todos. La voz de Río San Juan debe ser escuchada, y la designación de un fiscal residente es la solución necesaria para superar estos desafíos.

Este clamor debe llegar a la Capital, aunque tarde en llegar.