El magistrado dictó auto de no ha lugar en favor del alcalde, y de los señores Fior Daliza Hernández, extesorera del ayuntamiento, Gerson Geris Lizardo, encargado de Nómina, y la esposa de este,  Ana Hilda Bobie Aquino, por considerar que no existe probabilidad de que sean condenados en un juicio de fondo por no existir pruebas suficientes.

El juez ordenó el cese de toda medida de coerción que pese contra los imputados.

A los acusados se les había impuesto medida de coerción, consistente en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida. Al alcalde se le colocó garantía económica de RD$5,000,000 en efectivo depositado en el Banco Agrícola; al exencargado de Nómina y a la tesorera RD$500,000 y RD$200,000, respectivamente.

La medida de coerción le fue impuesta en marzo del 2014 por el juez de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, Claudio Aníbal Medrano. Luego el caso fue declinado a la jurisdicción de la provincia Santo Domingo.

El juez Mejía Lebrón también rechazó las querellas en constitución civil interpuesta por varias entidades, por no existir la probabilidad de una condena en contra de los imputados.

Luego de escuchar la decisión, el alcalde de San Francisco de Macorís, expresó que se impartió justicia, al afirmar que es una persona honorable.

“Yo he vuelto en el día de hoy a renacer, porque mi nombre, mi honor había sido vilipendiado, yo fui muy injuriado, yo fui muy maltratado”, manifestó. Entiende que fue una persecución de Estado.

El abogado de los querellantes, Fabián Mercedes, anunció que apelará la decisión en nombre del bloque de regidores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del Centro de Desarrollo del Nordeste, por considerar que no tuvo motivación ni justificación. Dijo que había pruebas para que haya un juicio de fondo.

Calificó la sentencia como un concierto a la impunidad y la corrupción.