El avión, propiedad de una empresa venezolana, estaba legalmente en el país. El avión no había sido usado en República Dominicana en la comisión de un delito que justificara la incautación. El avión no era materia de una acción judicial apegada al derecho internacional. El avión era objeto de atención del gobierno de Washington por razones estrictamente políticas, pues supuestamente estaría al servicio del presidente de Venezuela. El avión fue incautado por una orden verbal emitida desde la Casa Blanca… (La incautación de ese avión sólo refleja una lamentable realidad: somos un país incondicionalmente dependiente de los Estados Unidos).