El plan de seguridad vial anunciado el lunes por el presidente Luis Abinader y varios funcionarios es una iniciativa que de llevarse a la práctica debería tener un impacto significativo en la reducción de la siniestralidad en el tránsito, un renglón negativo en el cual nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en la región como principal causa de muerte.
Lo delineado apunta a una relevancia si se implementa en su plenitud, aunque se generan interrogantes que deben ser despejadas.
Una de ellas—probablemente la más trascendental—es qué hacer con los 3.7 millones de motocicletas que circulan sin ningún control por toda la República Dominicana, que representan el factor determinante para que el país tenga tan elevado sitial en las mediciones sobre siniestralidad vial.
La preocupación no es solo eso, sino que se fundamenta en las estadísticas disponibles—que son muy pobres, por cierto—sobre el impacto de los motores en el flagelo de los accidentes y el papel que estos juegan como causantes de fallecimientos y lesiones permanentes.
Las únicas estadísticas disponibles las recibimos luego de ocasiones especiales, como Semana Santa, Navidad y festividades que incrementan la movilidad vial, cuando las autoridades montan los llamados operativos.
Al pasar balance de esos operativos puntuales nos enteramos que, en promedio, el 70% de los eventos viales, las muertes y las lesiones es aportado por las motocicletas, un medio de transporte que se ha masificado de manera inimaginable y sin controles efectivos.
Es decir, que al desagregar el factor motocicletas, las estadísticas relacionadas a accidentes viales tenderían a una reducción significativa, y, por consiguiente, nuestro país bajaría a los lugares menos punteros en cuanto a muertes, heridos y discapacidades permanentes que se derivan de ellos.
Esta dramática circunstancia nos lleva a ser escépticos respecto del resultado a obtener del importante plan que se ejecutará, pero también representa una decisión retadora para las autoridades.
¿Qué se contempla frente al desafío de millones motocicletas conducidas por desaprensivos para quienes no existen normas?
Y lo más relevante todavía: ¿Cuál será la conducta de los agentes encargados de hacer cumplir las leyes, y para quienes—frente a motoristas y “padres de familia” que conducen “conchos” y voladoras—las disposiciones son nulas?
Esta es la cuestión crucial para el éxito que todos esperamos, pues afrontar con determinación el caso de las motocicletas tiene un impacto económico y de salud pública cuyos alcances ni siquiera el propio ministerio es capaz de medir, conforme observamos cuando el presidente Luis Abinader requirió los datos a los encargados Víctor Atallah y Mario Lama.
Sin embargo, las consecuencias de los accidentes y su repercusión negativa en los planos de salud y laboral, se puede notar en diferentes lugares de trabajo, agencias de servicios gubernamentales como en los hospitales, adonde acuden personas en edad productiva con secuelas de esos eventos.
Una persona que pierde un miembro siendo el proveedor de su familia, genera una tragedia personal, económica y social, al dejar de llevar el sustento a sus dependientes como consecuencia de su discapacidad para el trabajo.
De modo que, el efecto motocicletas desencadena unas derivaciones trágicas en muchos sentidos, razón por la cual, al abordar el tema del tránsito, ese medio de transporte es fundamental.
