Celebre es la frase de Henry Kissinger cuando, siendo funcionario, afirmaba que “lo ilegal lo hacemos inmediatamente; lo inconstitucional nos lleva un poco más de tiempo”. Pro-Consumidor está haciendo lo ilegal y lo inconstitucional desde su fundación y mucho tiempo ha tomado, gracias en gran medida a una irresponsable doctrina iusadministrativa, hasta que el Tribunal Constitucional decidió en magnífica sentencia -la TC/0723/24- establecer que la ley no concede potestad sancionadora a Pro Consumidor, lo que ha suscitado adversas reacciones en parte de la opinión pública que entiende que se ha despojado a tan importante entidad pública de un necesario instrumento para sancionar las violaciones a las normas de consumo y a los derechos del consumidor.
Incluso Pro-Consumidor, en lugar de promover una reforma legal que permita sancionar efectivamente a las empresas violadoras de los derechos del consumidor, como exhortó sabiamente el TC en su sentencia, con la misma rapidez que se aprobó una ley anti propietarios, anti capitalista y anti burguesa como la ley de extinción de dominio, llegó a afirmar falsamente que esta fortalecía su potestad sancionadora, lo que recuerda a Alexander Solzhenitsyn cuando afirmaba: “Sabemos que nos mienten. Saben que nos mienten. Saben que sabemos que nos mienten. Sabemos que saben que sabemos que nos mienten. Y aun así, siguen mintiendo”.
Estas reacciones muestran lo molestoso que resulta el principio de legalidad en nuestros lares. Y es que, si bien es cierto que la legalidad es un principio fundamental del Estado de derecho y a pesar de que la burocracia en una democracia constitucional solo es admisible que opere en el marco de la legalidad, aunque resulte paradójico, donde más molesta la legalidad es en la democracia, pues muchas veces es un obstáculo a la voluntad omnímoda y arbitraria de la mayoría. Recordemos que, desde Rousseau, para el demócrata puro, el poder del pueblo lo puede todo porque nunca el pueblo puede querer mal. Sabemos, sin embargo, que millones de personas, embrujados por un payaso como Hitler, sí pueden equivocarse y, por tanto, pueden querer mal y mucho y para muchos.
Por lo anterior la legalidad es muy útil en democracia y no solo para los ricos, sino como “ley del más débil” (Ferrajoli), como obstáculo a la voluntad de dominio de la mayoría sobre la oposición, las minorías o colectivos históricamente discriminados, llámense mujeres, pobres, negros, delincuentes, homosexuales, discapacitados, mujeres o inmigrantes sin papeles. No es casualidad que las dictaduras, principalmente aquellas que dicen gobernar en nombre del “pueblo”, desaplican o distorsionan la ley con la validación de una judicatura presta a maltratar la Constitución y las leyes para que se hagan realidad los ukases de cualquier jefe, líder, caudillo o funcionario con ínfulas mesiánicas y redentoras.
Es inadmisible pretender que, en nombre de los derechos del consumidor o la lucha contra la delincuencia y la inmigración ilegal, se interpreten las normas contra constitutionem y contra legem para validar incorrectamente sanciones administrativas o penales, medidas de coerción penales y deportaciones, todas ilegales, por solo citar cuatro expresiones del descarado populismo [anti] legal reinante en el ejercicio de potestades públicas tan restrictivas de derechos como las mencionadas, que exigen, no solo su consagración y regulación expresa por ley, sino también su ejercicio encuadrado estrictamente en el respeto al debido proceso y sustantivo.
