En este país, como en cualquier otro, el Estado conoce sus cuentas al detalle y sabe bien
el alcance del salario, por mínimo o máximo que sea. Conoce bien las mezquindades y
excesos de asalariantes y asalariados y domina la especulación excesiva que exhiben las
góndolas y tramos del comercio cada día. Por tanto, no necesita armar consensos para
definir sus decisiones en materia de salario mínimo, a menos que sea para evitarse
reclamos posteriores, especialmente de las grandes mayorías asalariadas que votan en
las elecciones…(Esta es la única razón por la que permite el inútil debate de asalariados
y asalariantes, que nunca estarán de acuerdo).