SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana incautaron este viernes varios bienes inmuebles por un valor superior a los millones de dólares a la supuesta red de estafa electrónica de carácter inmobiliario, vinculada al Caso Guepardo.

Hasta el momento, han sido realizadas seis incautaciones de inmuebles valorados en unos US$ 3,328,520 dólares, como parte de la recuperación de activos en ese caso,informaron las autoridades.

Las propiedades fueron adquiridas en lujosas zonas de Bávaro, Verón y Punta Cana, por los imputados Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, en representación de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL., y utilizada, junto a REMAX ONE, para la comisión de los hechos.

Entre las propiedades se encuentran apartamentos comprados entre el 2022 y 2023, con el dinero de las víctimas, tal como refleja el informe financiero, de la recepción de más de 18 millones de dólares, no registrando la empresa Novasco Real Estate, otra entrada de dinero, que los depósitos de las víctimas, así como terrenos donde funcionarían los proyectos como River Hill y Bávaro Victoriana.

La presunta red fue "desmantelada" el pasado 7 de febrero de 2025, con más de 11 allanamientos simultáneos y otras incautaciones de terrenos y vehículos de alta gama, por lo cual, la magistrada Margarita Cristo Cristo, impuso 18 meses de prisión preventiva contra Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, por violación a los artículos 405, 265, 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Además, se espera la extradición de Loany Lismeiry Ortiz Nova, desde Colombia, donde fue arrestada en momentos que pretendía cruzar hacia Venezuela, por Cúcuta.

Las titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, magistradas Ramona Nova y Reina Rodríguez informaron que las incautaciones se realizaron conjuntamente con la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo de la Policía Nacional y la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, asegurando que continúan identificando más bienes que los imputados no "han podido justificar".