Santo Domingo.- Los bloques de diputados de los partidos de oposición en la Cámara de Diputados sometieron al órgano congresual la resolución que solicita la interpelación de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y del director general de la Policía Nacional (PN), mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, para que respondan ante casos de supuesta violación a las leyes.
El propósito es que la funcionaria y el representante del cuerpo del orden comparezcan ante el hemiciclo legislativo, en la fecha y hora que el Pleno determine, a ofrecer explicaciones sobre “los constantes operativos de incautación de bienes sin orden judicial y las posibles violaciones al debido proceso y a los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
La pieza es presentada por los diputados de los partidos de la Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y del Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).
Al hacer el anuncio, Rafael Castillo, vocero de la FP, dijo que el encuentro con la prensa es para informarle al país del recurso de interpelación, para que la ministra de Interior y Policía y el director general de la Policía se presenten ante la cámara de diputados “para abordarlos respecto a lo que está sucediendo actualmente con la ciudadanía y el desbordamiento que ha tenido la Policía Nacional, que en los últimos tiempos se está convirtiendo en una policía sin control y trujillista”.
Gustavo Sánchez, portavoz de los diputados del PLD, manifestó que como legisladores, tienen mucho que ver con la responsabilidad que la Constitución les provee, que es exactamente fiscalizar a los funcionarios del Estado, a los fines que respondan ante el Congreso Nacional por violaciones a las leyes.
“En este caso muy evidente, en lo que tiene que ver con un culcamiento de derechos fundamentales, el hecho de presentarse a lugares privados sin una orden judicial de manera muy recurrente y hasta el último elemento que, sin haber una ley que lo prohíba, tiene mucho que ver con presentarse la ministra de Interior y Policía con el director de la Policía, haciéndole saber cómo que tal o cual actividad comercial tenía restricciones de horario, cuando las circunstancias exactamente dicen todo lo contrario. Ante una situación como esa y el hecho recurrente de esta funcionaria pública, que entiende que el poder es para violar la ley, sobre la base de supuesta violación de la ley, ella se está constituyendo también una violadora de la ley”, expuso.
De su lado, Ramón Raposo, diputado nacional del PRD, dijo que estamos ante una ministra “intolerante”, quien ante el clamor de la ciudadanía de no atropello y de no violación a su derecho, “se muestra intolerante, tal y como si viviéramos en un país en dictadura, cuando vivimos en una democracia”.
Los diputados denuncian que en diversos medios de comunicación y redes sociales han circulado denuncias documentadas de intervenciones de la Policía Nacional en las que se intenta cerrar o interrumpir arbitrariamente el funcionamiento de negocios, bajo el alegato de operar fuera de horario, sin fundamento legal que respalde dichas acciones.
También, que las medidas adoptadas y ejecutadas por el Ministerio de Interior y Policía, en coordinación con la Policía Nacional, en el marco del control del orden público, han dado lugar a acciones que han afectado el ejercicio legítimo de derechos fundamentales consagrados en la Constitución, tales como la libertad de empresa, el derecho de propiedad, la libre circulación, la presunción de inocencia y el debido proceso, generando, según ellos, preocupación sobre el uso desproporcionado de la fuerza, el cierre arbitrario de establecimientos comerciales y detenciones sin las debidas garantías legales.
“En las últimas semanas se ha observado un patrón de actuaciones por parte de la Policía, consistentes en la incautación arbitraria de bienes personales de ciudadanos, sin que medien órdenes judiciales ni fundamentos legales claros, lo que podría configurar una desviación de poder y una actuación al margen de las garantías constitucionales”, subrayan.
Además, que estas acciones se han realizado incluso mediante entradas a propiedades privadas sin autorización judicial previa, lo que infringe el artículo 44 de la Constitución, que consagra la inviolabilidad del domicilio, y el artículo 51, que reconoce el derecho de propiedad como inviolable y protegido por el Estado.
Otro aspecto que destacan, es que resulta imperativo que la ministra de Interior y Policía y el director general de la Policía Nacional comparezcan ante la Cámara de Diputados para rendir cuentas sobre las bases jurídicas, técnicas y operativas de estos operativos, a fin de verificar si se han violentado principios de legalidad, competencia, respeto a los derechos fundamentales y límites del poder público.
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