Uno de los temas más controvertidos y generadores de desencuentros fundamentales en cualquier sociedad tiene que ver con el abordaje de reformas a la legislación sobre el ejercicio de la libertad de prensa, de información, de expresión y difusión del pensamiento en todas sus vertientes.

En los países donde se ha avanzado en la estructuración de mecanismos regulatorios ha sido posible por la vía del consenso en las sociedades democráticas, o mediante la imposición en las dictaduras.

En el primer caso se ha logrado una ampliación de esos derechos individuales y colectivos, pero en el entendido de que estos tienen que ser sometidos a cierto orden.

Las dictaduras, por su parte, han impuesto reformas encaminadas a un mayor control de los medios, la información y la opinión, vistos siempre como adversarios o enemigos del estatus quo.

Lo referido anteriormente viene a propósito de la aproximación de un amplio debate, luego de que el Ejecutivo sometiera al Legislativo un proyecto que pretende generar un marco regulatorio de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, tomando en cuenta que la ley que rige esta cuestión—la 6132—data de los años 60 del siglo pasado, absolutamente obsoleta y carente de funcionalidad efectiva en las actuales circunstancias.

Hay que resaltar que cuando esa disposición se adoptó, en el mundo solo operaban los medios impresos—periódicos y revistas, fundamentalmente—y los limitados electrónicos representados en la radio y la televisión, esta última para entonces todavía en pañales.

Entrado el siglo actual existe una diversidad de vías de información, algunas derivadas en demasiados casos hacia la desinformación, el contenido tóxico, una pelea constante por sobresalir, enseñar las bajas pasiones, en fin, un ecosistema que conspira contra su virtualidad orientadora y constructiva, y se adhiere a lo peor.

En ese marco surge el proyecto que recoge el interés de someter el desenfreno, sin pretender incurrir en censura previa, pues en caso de ocurrir esto, la inmensa mayoría de quienes hacemos opinión y servimos información con una visión constructiva de la sociedad, no lo permitiremos.

Sin embargo, el enorme desierto legal y de obligaciones en el que operan algunos canales para la emisión del pensamiento, en especial las redes sociales, amerita de alguna regulación mínima, que inclusive irá en beneficio de quienes manejan con responsabilidad esas vías de comunicación.

La existencia de ese océano regulatorio es lo que permite que cualquiera falto de oficio se despache a sus anchas desde una plataforma virtual arrojando lodo sobre la reputación ajena, sin temor a que el agraviado pueda procurar en justicia la reparación de su honra afectada.

Insistimos en que, a quienes explotan las redes sociales y plataformas con sentido de responsabilidad, les conviene cierta limpieza del espectro, pues la buena imagen de este mecanismo de información es beneficioso para todos.

Decir estas cosas nos expone a una lluvia de improperios, precisamente de quienes carecen de algo útil que aportar a la sociedad y solo saben insultar al no tener argumentos sólidos para debatir en el terreno de las ideas y la confrontación sana.