SANTO DOMINGO.- Las auditorías hechas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) a los ministerios de Hacienda, e Industria, Comercio y Mipymes (MICM), así como al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), llevaban años detenidas en el seno del organismo, el cual vivió una cruda batalla interna que impedía a sus miembros ponerse de acuerdo para dar el visto bueno al trabajo hecho por los técnicos de la institución.
El entonces presidente de las institución, Janel Ramírez, mantuvo una cruenta batalla pública contra varios integrantes del organismo, a los que acusaba de oponerse a la publicación de importantes auditorías en el organismo, de lo cual se defendieron los señalados.
La pugna interna acabó en una investigación en el Congreso, la aprobación de una nueva ley orgánica y la selección de una nueva configuración en el organismo, que tan pronto se constituyó aprobó las auditorías y les dio curso la semana pasada.
La nueva CCRD está integrada por su presidenta, Emma Polanco Melo; el vicepresidente, Francisco Tamárez Florentino; y los miembros Francisco Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana. Juntos, reiteraron su disposición de continuar impulsando una gestión pública más eficiente, vigilante y responsable.
El retraso en la publicación de las auditorías es tan escandaloso como su contenido.
El Ministerio de Hacienda
En el caso de la auditoría al Ministerio de Hacienda, su informe final fue entregado el 6 de octubre de 2021 por Enlly C. Santo Urena, supervisora del Grupo de Auditoría, y el CPA Fabio Enrique Roa, director de Auditoría. Fue autorizada a hacerse pública y canalizada el pasado 20 de mayo tras la sesión ordinaria de la nueva CCRD, que es presidida por Emma Polanco Melo.
La CCRD emitió su informe final de auditoría al Ministerio de Hacienda correspondiente al período 2019-2020, revelando «graves irregularidades financieras, administrativas y legales» que ascienden a «más de RD$300 millones» en fondos públicos mal gestionados, por lo que recomienda su «judicialización».
El nuevo pleno del órgano fiscalizador aprobó la resolución AUD-2025-005, para hacer público el «Informe de Auditoría Practicada a las Informaciones Financieras Incluidas en los Estados de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Hacienda», que ocupa mayoritariamente la gestión final de Donald Guerrero, pero también unos meses iniciales de Jochi Vicente al frente de la entidad.
El caso del MICM
En el caso del MICM, el Informe Final fue entregado el 4 de marzo de 2021 y firmado por Glenys M. Santa Cuevas, supervisora de Grupos de Auditoria, y Pablo Enrique Roa, director de Auditoría de la CCRD, sin embargo, no había sido dado a conocer hasta que el nuevo pleno del organismo lo publico el pasado 25 de mayo, tras su aprobación previa en la sesión ordinaria.
La CCRD emitió un contundente informe de auditoría (Resolución AUD-2025-007) que revela múltiples irregularidades en el MICM durante el período 2015-2019 y recomienda que el Ministerio Público investigue las irregularidades.
El documento, aprobado por unanimidad por el Pleno de la CCRD, detalla 11 observaciones críticas que suman un perjuicio económico millonario al Estado, con montos que superan los RD$2,300 millones (aproximadamente US$40 millones).
Escándalo oculto en el Inaipi
En el caso del Inaipi, la auditoría estaba concluida desde el 24 de septiembre de 2022, cuando el supervisor de Grupos de Auditoría, Teodoro Medina, junto a Fabio Enrique Roa, director de Auditoría, entregaron su Informe Final.
La CCRD publicó en su informe, que abarca el período 2016-2020, importantes violaciones de ley en el Inaipi y refirió las acciones al Ministerio Público y dio 25 días a la institución para presentar un plan correctivo.
El documento, de sobre 500 páginas, expone violaciones sistemáticas a las normas de compras públicas, contabilidad gubernamental, control interno y obligaciones tributarias, con posibles implicaciones penales.
El compromiso de la CC
La presidenta de la entidad, Emma Polanco Melo, reafirmó el compromiso institucional con la transparencia, la rendición de cuentas y el rigor técnico en la gestión pública. “Nuestra misión es clara: fortalecer la integridad del Estado, actuando con independencia y estricto apego a la ley”, expresó.
Los miembros del Pleno señalaron que esta nueva etapa de la institución busca recuperar la confianza ciudadana y elevar los estándares del control externo en beneficio del interés general. Destacaron que estos primeros tres informes representan un trabajo coordinado y técnico, en el marco de un proceso transparente, y que todos los organismos y funcionarios involucrados fueron debidamente notificados.
