SANTO DOMINGO.- Indignación y enojo a causado hoy la imposición de 50 millones de pesos como medida coerción a los hermanos Antonio y Marisol Espaillat acusados de homicidio involuntario en perjuicio de las 236 personas muertas y las más de 180 heridas por el desplome del techo de la discoteca Jet Set el pasado 8 de abril.

 Los comentarios más algidos han surgido dentro de la misma justicia. “Estos en una burla a las víctimas, Creemos que el tribunal no ha valorado en su justa dimensión los hechos”, reaccionó el procurador adjunto Wilson Camacho, quien inmediatamente anunció que el Ministerio Público apelará las medidas de coerción impuestas la madrugada de este jueves por jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien favoreció a los imputados con una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. El caso fue declarado complejo.

Mientras que la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo que la jueza ha dejado un “profundo sabor a injusticia” en el país.

“No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo”, expresó en su cuenta de X.

 “La decisión de la magistrada Fátima Veloz deja un profundo sabor a injusticia, especialmente frente a una investigación exhaustiva y bien fundamentada por parte del Ministerio Público, que buscaba hacer valer la ley en nombre de las 235 víctimas mortales, más de 100 heridos y 130 huérfanos que dejó la tragedia del Jet Set. Esta decisión no solo hiere la memoria de quienes ya no están, sino que también pone en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia. No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo”, agregó.

Mientras que el abogado Félix Portes, representante de varias de las víctimas y sus familiares, cuestionó la medida y el monto aplicado.

 “¿Se pagan los 50 millones de pesos de la garantía económica impuesta?”, cuestionó.

“La respuesta es no”, dijo a través de su cuenta de X.

Señaló que la garantía económica de 50 millones de pesos no implica el pago total de ese monto, sino apenas una fracción del mismo.

Explicó que esta garantía económica fue impuesta mediante una aseguradora, lo que significa que los imputados solo deben pagar una prima —es decir, un porcentaje del monto total— que generalmente oscila entre un 4 % y un 10 %, dependiendo la aseguradora.

“En términos prácticos, cada uno podría pagar entre 2 y 5 millones de pesos por concepto de prima”, indicó el abogado.

“Si se toma como base una prima de cinco millones de pesos, y se divide entre las 415 víctimas del desastre (235 muertos y 180 heridos), el resultado sería de apenas RD$12,048 por cada vida afectada”, explicó Portes.

“La libertad podría costar menos de 12 mil pesos por cada vida perdida o destruida. Así de barata puede salir la impunidad en República Dominicana”, criticó.

Enfatizó que la prima pagada a la aseguradora no es reembolsable, incluso si los imputados cumplen todas las condiciones impuestas por el tribunal, lo que convierte ese pago en el simple costo de recuperar la libertad mientras avanza el proceso.

“Es importante destacar que la prima pagada no es reembolsable, aunque la persona cumpla con todas las condiciones impuestas por el tribunal. Es el costo de contratar la fianza”, escribió.

Familiares de las víctimas

Entre lágrimas e impotencia, indicando que el sistema le ha fallado reaccinaron parientes de algunos de los fallecidos criticaron la decisión de la jueza Fátima Veloz de enviar a sus casas a los hermanos Espaillat.

“Como si la vida de nuestros seres queridos no valiera nada”, Digna Pion, madre de uno de los fallecidos. “Este fallo judicial es una puñalada a las familias que aún lloramos nuestros parientes”.

“Tanta espera y tantas promesas de justicia, y se nos responde con una medida que parece proteger a los Espaillat”, dijo Manuel Morlan, quien perdió a dos sobrinas en el siniestro.

Mientras que en Haina, de donde procedía la mayoría de los fallecidos en el derrumbe, algunos comunitarios criticaron al Ministerio Público, a quien acusan de haber presentado un expediente débil que permitió que los imputados fueran favorecidos, lo que consideran una traición al dolor colectivo.