Santo Domingo.– La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, alertó este miércoles sobre el creciente uso del periodismo y las plataformas digitales como herramientas de chantaje, manipulación y presión ilegítima, y advirtió a los responsables que serán perseguidos.

lo que calificó como una “industria del descrédito” que socava la confianza pública en los medios de comunicación.

En un comunicado institucional pagado en la prensa nacional, Ramos calificó la práctica como una “industria del descrédito” que socava la confianza pública en los medios de comunicación.

Afirmó que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones rigurosas contra figuras mediáticas como Ángel Martínez, Claudia Pérez (conocida como “La Tora”), Luis Alfredo Cabrera (“Kapulet”), José Maracallo, Fernando Peña, entre otros, por presuntamente haber incurrido en esquemas sistemáticos de difamación, extorsión y uso instrumental del periodismo.

“No permitiremos que la libertad de expresión –derecho sagrado en nuestra democracia– se pervierta hasta convertirse en un mecanismo de manipulación o amenaza”, afirmó Ramos en el documento publicado en El Nuevo Diario.

Sostuvo que estas acciones no se inscriben en el marco del debate democrático, sino que representan una “escalada peligrosa” de denuncias cruzadas sin fundamento, conflictos mediáticos y operaciones de descrédito motivadas por intereses personales o políticos.

La Procuraduría también hizo un llamado a los gremios de prensa, líderes de opinión y ciudadanía a rechazar estas prácticas y defender la ética en la comunicación.

No por censura, sino por decencia. No por temor, sino por convicción”, enfatizó Ramos, asegurando que se actuará “dentro del marco de la ley” para proteger tanto la libertad de prensa como el derecho de los ciudadanos a no ser víctimas de presiones encubiertas.

La posición institucional de la Fiscalía del Distrito Nacional marca un punto de inflexión en la relación entre el Ministerio Público y el ejercicio del periodismo en el país, en un momento en que crece la tensión entre actores mediáticos y figuras públicas envueltas en controversias y demandas cruzadas.

Aquí el texto completo de la comunicación:

A la opinión pública
Desde la posición que me honra ocupar como fiscal, y en nombre del Ministerio Público dominicano, me dirijo al país para expresar una seria preocupación institucional –y, sobre todo, una firme determinación– frente al clima creciente de conflictividad comunicacional que amenaza con socavar los pilares del debate público y la confianza ciudadana en los medios de información.

En los últimos meses, hemos sido testigos de una peligrosa escalada de denuncias cruzadas, demandas por difamación y alegaciones de chantaje que involucran a comunicadores, medios y figuras públicas. Esta situación, más que un debate democrático, ha dado lugar a una incipiente industria del descrédito, donde la verdad se ve desplazada por intereses personales, extorsivos o políticos.

El Ministerio Público no permanecerá indiferente. Hemos iniciado investigaciones rigurosas para identificar patrones de conducta que puedan configurar esquemas de chantaje sistemático, aprovechamiento indebido de plataformas mediáticas, y uso instrumental del periodismo como herramienta de presión ilegítima en las actuaciones de los señores Ángel Martínez, Claudia Pérez –mejor conocida como “La Tora”–, Luis Alfredo Cabrera –conocido en las plataformas digitales como Kapulet–, José Maracallo, Fernando Peña y demás profesionales relacionados a dichas actividades. No permitiremos que la libertad de expresión –derecho sagrado en nuestra democracia– se pervierta hasta convertirse en un mecanismo de manipulación o amenaza.

Es una vergüenza social que quienes están llamados a ser guardianes de la verdad y la objetividad hayan comenzado a alimentar una espiral de conflictos, denuncias sin fundamento y operaciones que, lejos de informar, deforman. Hacemos un llamado a los gremios, a los líderes de opinión y a la ciudadanía en general para rechazar estos métodos, y contribuir a restaurar la altura, la ética y el compromiso que exige el ejercicio comunicacional.

Desde esta Procuraduría General de la República decimos con claridad: esto debe detenerse. No por censura, sino por decencia. No por temor, sino por convicción. Vamos a actuar, dentro del marco de la ley, para proteger tanto la libertad de prensa como el derecho de cada ciudadano a no ser víctima de campañas difamatorias ni de presiones mediáticas encubiertas.

Nuestro rol no es vigilar ideas, sino prevenir delitos. Pero cuando las ideas se convierten en armas, y las palabras en mecanismos de coerción, el Estado debe responder. Y así lo haremos.

Rosalba Ramos