Santo Domingo.– Un frente de conflicto entre vecinos y una constructora, con la intervención de autoridades ambientales, sacude el sector de Cuesta Brava, Arroyo Manzano.
Movimientos de tierra, tala de árboles y maquinaria pesada fueron captadas por un dron de el Informe en una zona declarada cinturón verde. Mientras vecinos y activistas sociales denunciaron que permisos y estudios ambientales no reflejan la realidad del terreno, y exigen transparencia y respeto a la normativa.
Una serie de permisos otorgados en aparente contradicción con la ley permitió el avance de dos proyectos inmobiliarios en la zona protegida del Cinturón Verde de Santo Domingo, en el sector Cuesta Brava del Distrito Nacional.
La empresa constructora es propiedad del actual viceministro de Vivienda y Edificaciones, Danny Santos, lo que ha levantado sospechas de tráfico de influencias y violaciones a las normativas ambientales y urbanísticas.
La comunidad, alarmada por la deforestación masiva, la desaparición de especies y los movimientos de tierra en una zona clasificada como frágil, denunció públicamente la situación y presentó una querella formal ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, sobre lo que califican como “un desastre total, porque la naturaleza no se mata".
Uno de los denunciantes es Silvio Divo, presidente de la Asociación de Vecinos de Cuesta Brava, uno de los sectores afectados por los proyectos Balcones del Cerro y Balcones de la Ribera.
Zona protegida y permisos otorgados
De su parte, el abogado ambientalista Euren Cuevas, director de INSAPROMA (Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente), especifica que la zona en cuestión forma parte del Cinturón Verde, declarado mediante el decreto 183-93 durante el gobierno de Joaquín Balaguer.
Sin embargo, pese a las restricciones legales, el Ayuntamiento del Distrito Nacional otorgó permisos provisionales y posteriormente definitivos para la construcción de complejos residenciales multifamiliares que superan las alturas y densidades permitidas.
Estudio ambiental con irregularidades
Uno de los aspectos más alarmantes del caso es el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por la empresa Constructora Danny Santos Compres S.R.L., propiedad de Santos.
En el documento, elaborado en enero de 2024, se describe el área como una "zona cañera" y se hace referencia a cuerpos de agua como el río Nigua, ubicado a 15 kilómetros del lugar real de construcción.
"Fue un estudio ambiental falso. Mencionaron un ecosistema completamente distinto al que realmente existe en Cuesta Brava ", aseguró Cuevas.
Revelaron que a pesar de las inconsistencias, el Ministerio de Medio Ambiente otorgó el permiso ambiental núm. 4969-24 en diciembre de 2024. Pocos días después, el Ayuntamiento del Distrito Nacional emitió certificados de no objeción para ambas construcciones.
El viceministro está vinculado directamente
Según documentos oficiales, esta firma ha ejecutado otros proyectos bajo esquemas de fideicomiso, aunque en este caso ha sido señalada por operar en clara violación de la normativa urbanística y ambiental vigente.
Los residentes afirman que no se oponen al desarrollo, sino al tipo de proyecto y la forma en que se ha llevado a cabo.
Querella ante Medio Ambiente y Procuraduría
El pasado 13 de agosto, INSAPROMA y la comunidad presentaron una querella formal contra el viceministro Santos y el ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, por violación a la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En su artículo 184, la normativa establece sanciones penales y económicas para funcionarios que autoricen o permitan daños al medio ambiente.
La querella también menciona los artículos 171 y 172, que tipifican como asociación de malhechores la actuación coordinada entre varios funcionarios.
Además, se cita la Ley de Lavado de Activos y la Ley de Extinción de Dominio, que permiten perseguir y confiscar bienes en casos de corrupción y daño ambiental grave.
Respuesta oficial y medidas cautelares
A solicitud de El Informe, la empresa constructora envió respuestas firmadas por su gerente administrativa, Raysa Marte, quien aseguró que "todos los estudios fueron realizados y aprobados por las autoridades competentes" y que "el socio mayoritario no participa directamente en la ejecución de los proyectos".
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente respondió que los proyectos han sido detenidos temporalmente mientras se lleva a cabo una investigación sobre los permisos otorgados y las posibles violaciones legales.
