SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública confirmó a N Digital que transfirió de manera gratuita medicamentos y vacunas al Seguro Nacional de Salud (SENASA), los cuales posteriormente fueron reportados por esa institución como compras millonarias.
Una fuente al más alto nivel de Salud Pública validó la información y explicó que los insumos fueron distribuidos sin costo a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), el cual adquiere vacunas y medicamentos a bajo precio gracias al fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La confirmación se produce tras la denuncia realizada por la periodista Edith Febles, en el programa EL Día, quien reveló que se trataba de un fraude en proporciones insospechadas.
Según las investigaciones, el procedimiento operaba de la siguiente forma: el PAI entregaba gratuitamente los medicamentos y vacunas a centros privados habilitados en distintas provincias. Estos centros, en lugar de aplicarlos directamente a la población como parte del programa gratuito, los facturaban a SENASA como si se tratara de compras realizadas en el mercado privado. SENASA, a su vez, registraba estos pagos como gastos justificados en la provisión de servicios, cuando en realidad se trataba de productos que habían llegado al país sin costo alguno.
Las estimaciones apuntan a que SENASA habría desembolsado cerca de 700 millones de pesos bajo este mecanismo, lo que constituye un presunto fraude al sistema de salud y un golpe directo a los fondos de la seguridad social. En un solo caso, un centro privado vinculado a un prominente grupo empresarial habría facturado hasta 500 millones de pesos por vacunas que originalmente habían sido entregadas gratis.
El Ministerio de Salud confirmó además que en marzo pasado realizó operativos de cierre y sanción contra varios de estos centros, retirándoles sus códigos de habilitación. Dichos establecimientos operaban en el Gran Santo Domingo, Baní, San Cristóbal, La Vega y localidades del Este del país, y ya se encuentran bajo investigación.
La situación ha generado gran preocupación debido a las implicaciones que tendría para los más de siete millones de afiliados de SENASA, cuya cobertura estaría siendo puesta en riesgo por estas prácticas fraudulentas. El caso se suma a otras denuncias que giran en torno a contratos irregulares, supuestos pagos ficticios y el crecimiento sospechoso de empresas privadas vinculadas al sistema, lo que ha motivado reclamos para que el Ministerio Público acelere las investigaciones y se apliquen sanciones ejemplares a los responsables.
