El año 2026 constituye la última oportunidad que tiene el presidente Luis Abinader, antes de que comiencen los afanes electorales con vistas a 2028, de relanzar su gobierno y acometer mediante un consenso técnico, político y social liderado por el Poder Ejecutivo, la elaboración, aprobación e implementación de las grandes, necesarias e impostergables reformas pendientes por años, como es el caso de las reformas fiscal, laboral y de la seguridad social, eléctrica y de las infraestructuras, que no pueden dejarse al coyuntural toma y daca congresual y que retrasarlas hasta el período presidencial 2028-2032 harían la crisis casi inevitable.
Alegarán algunos que, dado los costos políticos de estas reformas y que espantarían de la mesa del diálogo tanto a aliados como opositores, la relativa cercanía de los aprestos electorales y el hecho de que el presidente no puede reelegirse -lo que fue blindado con la positiva reforma constitucional de 2024-, es pura ilusión creer posible dicho consenso.
Pero muchos factores lo favorecen: nuestra estabilidad política y económica en comparación con el resto de la región; la popularidad del presidente Abinader, pese a los procesos penales contra la alegada corrupción de algunos de sus funcionarios, pues se entiende que al presidente no le ha temblado el pulso a la hora de facilitar su persecución; la preeminencia del liderazgo de Abinader en el PRM; la existencia en los partidos opositores de liderazgos interlocutores, fuertes e inclinados al consenso, como es el caso de los expresidentes Leonel Fernández y de Danilo Medina; la supermayoría congresual de la coalición de gobierno; una probada cultura del diálogo político-social; la eventual propuesta de una reforma pro-equidad electoral que atraería a la oposición; que algunas de las reformas pueden ser eficaces siendo simple laparoscopia o acupuntura; y la ausencia de una crisis que precipite cambios traumáticos.
A lo anterior se suman tres elementos político-constitucionales-culturales fundamentales del sistema presidencial que allanarían este consenso. El primero de ellos es la dimensión de “poder moderador” (Benjamin Constant y Carl Schmitt) y que ejercería el Presidente de la República en tanto Jefe de Estado al erigirse en “poder neutro” dirimente de eventuales conflictos.
El segundo es la “institucionalización del carisma” (Max Weber) que encarna la presidencia de la pepública y que permitiría a Abinader adelantar eficazmente este consenso a favor de las reformas, como lo hizo Leonel Fernández al embarcarse en la exitosa reforma constitucional de 2010.
Y el tercero es la “presidencia retórica” (Jeffrey K. Tulis), de la que ha hecho manejo magistral el presidente Abinader, que le posibilita, a la Reagan y Obama, a través del discurso público en medios y redes, moldear la opinión pública para persuadir al pueblo, a los partidos y a los legisladores de la necesidad de los cambios.
Todo lo anterior impulsaría a Abinader a ser “katechon” (Schmitt), “pitcher taponero” (Euribíades Concepción Reynoso), asegurando reformas que, en un entorno internacional incierto, propicien estabilidad, crecimiento económico, democracia y justicia social, deteniendo la llegada de la crisis y de su subsecuente Anticristo populista, garantizando su sitial en la historia como estadista y renovando la esperanza del pueblo dominicano, al involucrarnos en el diálogo nacional y salvarnos de casi tres años de la irresponsable y peligrosa cantaleta del merengue sin letra de la política criolla.
