Me alegra que el Partido Comunista del Trabajo, el de mi militancia, y el Frente Amplio, aliado íntimo del PCT, rechazaran la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que autoriza a propietarios privados a disponer de una importante porción del parque nacional Jaragua.

Según la ley, los parques nacionales son intocables, y esto da apoyo jurídico a los esfuerzos por contener siquiera la depredación que va dejando el país sin bosques, sin ríos, lagos, etc, y por vía de consecuencia, sin las especies que en ellos habitan.

El parque nacional Jaragua cae dentro de esa legislación protectora. Ubicado en la provincia Pedernales, abarca más de mil quinientos kilómetros de superficie y, según he leído, contiene recursos naturales tan importantes como bosques, lagos, varias islas y cayos, ríos, parte de las aguas y arrecifes de coral de la bahía de Barahona y todas las especies que conforman su fauna.

Todo un tesoro digno del mayor celo frente a la codicia del capital privado, que en cada instante piensa tan solo en la ganancia.

Ahora, un alto tribunal dicta sentencia en detrimento de ese tesoro y en obsequio de la voracidad del capital. Pésimo precedente.

Dicen los abogados que toda sentencia sienta jurisprudencia, así que, detrás de ese fallo vendrán otros, no tendrán valor la categoría de área protegida, parque nacional ni cosa parecida y se pagarán las consecuencias.

Nadie cuenta la cantidad de ríos de los cuales queda tan solo el viejo cauce cubierto de yerbas y malezas. Cuando se viaja por la autopista Duarte y se observa al Yuna, al pasar bajo el puente de Bonao, se ve apenas el curso debilitado del viejo río, el más caudaloso del país, por el cual ya corre más arena que agua.

Se agotan los ríos, se extinguen los peces, los pájaros que se alimentan de los seres acuáticos, se van porque no tienen que buscar y, al compás de la aniquilación del bosque, menos agua, más escasas se vuelven las aves que una vez pudo contemplar la gente.

En esas circunstancias, la sentencia, moralmente inadmisible, se vuelve una amenaza por sus consecuencias inmediatas y por lo que puede venir después de este primer paso.

Dice el Frente Amplio que impugnará en los tribunales esa sentencia, bajo el argumento jurídico contundente de que los límites de un parque nacional sólo pueden modificarse si el Congreso Nacional lo dispone. Respaldémoslo.