Cuando analizamos el contenido general de los programas de gobierno presentados por los tres principales partidos en las elecciones de 2024 se localizan muchas coincidencias, una de ellas fundamental: la necesidad de una reforma fiscal.
El razonamiento central para apuntar hacia una reforma integral se basaba en que ningún país con una presión tributaria de un 15% puede esperar, con alguna posibilidad de éxito, rebasar una economía precaria.
La confluencia de las candidaturas en este aspecto era tal que daba la impresión que los programas fueron escritos por la misma persona, pues tenían ligeras diferencias de algunos matices.
La promesa de reforma fiscal tenía, además, un sustento estructural, ya que partía de lo establecido en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que manda varios pactos, entre ellos el fiscal.
Sin embargo, superado el escenario electoral, solo el partido ganador de los comicios—en este caso el oficialista Revolucionario Moderno con la reelección del presidente Luis Abinader—asumió la reforma, no ya como el cumplimiento de una promesa, sino por una necesidad concreta de falta de recursos.
Está harto comprobado que una nación que apenas capte 15 cheles de cada 100 pesos que produce su economía, está condenada a un freno permanente, y, por consiguiente, impedida de emprender grandes realizaciones como lo demandan los crecientes desafíos del presente y del futuro inmediato.
No podemos andarnos con medias tintas y decir que plasmar en programas de gobierno un punto tan crucial y luego salirse del caso, es lo que más se asemeja a un acto de hipocresía o politiquería de ocasión.
Las tres formaciones políticas principales estaban de acuerdo sobre la urgencia de buscar más recursos por vía de una reforma, justamente porque estaban conscientes que una presión tributaria tan modesta o precaria no alcanza para mucho.
Sobre todo, cuando—también por una manifestación de populismo trasnochado—a este quince por ciento se le extrae el 4% para la educación, una enorme suma de dinero que el organismo encargado de su administración tiene escasas realizaciones que puedan justificar semejante asignación.
Es decir, que, en términos reales, la administración solo puede contar con el 11% para enfrentar todos los demás compromisos, razón por la cual el Gobierno carece de opciones que no sea el endeudamiento, interno y eterno, con todo lo que esto representa.
