SANTO DOMINGO.- Comunitarios de Arroyo del Gato, en Jamao al Norte (provincia Espaillat), denunciaron conflictos con ciudadanos rusos que adquirieron una finca en la zona hace unos cinco años, a quienes acusan de impedir el acceso a un camino vecinal que conduce al río Arroyo Frío, fuente de agua utilizada históricamente por la comunidad.
Según explican, el paso hacia el río, empleado para consumo, recreación y labores domésticas, ha sido bloqueado en varias ocasiones mediante la instalación de una puerta dentro de la propiedad, dejando a la comunidad sin acceso a esta fuente hídrica.
"Es una reserva de agua que tenemos por más de 100 años. Todavía esa es la reserva que utilizamos para tomar, recrearnos y donde las mujeres lavan sus ropas", explicó Domingo De la Cruz, presidente de la junta de vecinos local.
Según explicó De la Cruz, el río recorre aproximadamente cinco kilómetros dentro de la finca y en reiteradas ocasiones los propietarios han instalado una puerta que inhabilita el acceso.
"Desde que los rusos compraron esa finca comenzó nuestro calvario. Han querido colocarnos una puerta para prohibirnos el paso al río. Nosotros solo pedimos el pedacito de siempre para bañarnos, recrearnos y acceder al agua", explicó.
"Esa finca pertenecía a Jacobo de Lara y nunca se impidió el paso a la comunidad. Luego perteneció al señor Artemio Peralta y nunca hubo inconvenientes”, señalaron.
Condenas y procesos judiciales
El conflicto escaló a instancias legales tras el desmantelamiento de una puerta colocada por los propietarios para impedir el paso. Como consecuencia, seis de ellos fueron sometidos a la acción de la justicia.
"Nosotros como comunidad desmontamos la puerta y ellos agarraron a seis personas, seis padres de familia que nunca han tenido problemas con la justicia, para imputarlos", indicó.
Recientemente, cuatro de ellos fueron condenados a un año de prisión y al pago de una multa de RD$100,000.00, bajo cargos de asociación de malhechores y violación de propiedad privada. Los sentenciados son Juan Manuel Jiménez (40 años); Germán González (62); Eugenio Rodríguez (68) y José Mercedes de la Cruz (54).
Sin embargo, Fabiola Batista, defensora pública, indicó que la medida será recurrida, al considerar que los imputados en ningún momento aparecen tocando la puerta, sino que simplemente formaban parte del grupo comunitario presente en el lugar.
"Conforme a las pruebas, ninguno de ellos rompió la puerta. Solo se verifica que había un grupo de personas de la comunidad y que ellos estaban presentes", señaló.
Irregularidades en la titulación
Otro punto de fricción es la legitimidad de los límites de la propiedad. Aunque los documentos consultados indican que los extranjeros adquirieron una parcela de 2,571,249 metros cuadrados (unas 4,000 tareas), los comunitarios aseguran que el terreno físico supera las 7,000 tareas, cuestionando el estatus legal del excedente.
"El título dice que son dueños de cuatro mil tareas. ¿Qué pasa con el título de las restantes? Además, cuando se deslindó nunca se señaló exactamente hasta dónde limita el terreno", expresaron, añadiendo que no fueron notificados al momento del deslinde.
Asimismo, denuncian una discrepancia en la documentación, pues según reza el documento: "El inmueble identificado como Parcela 74-B, del Distrito Catastral No. 08, ubicado en San Felipe de Puerto Plata, Puerto Plata".
"Esos títulos ni siquiera pertenecen a Moca. ¿Cómo es que nosotros estamos invadiendo propiedad privada? Los ríos son de todos; ellos no compraron el río", señalaron.
Finalmente, los comunitarios hacen un llamado a las autoridades para que intervengan y no permitan que continúe lo que califican como un acto "inhumano" en su contra.
