No cabe la menor duda de que cada actuación negativa de la Policía Nacional nos hace retroceder a épocas en las cuales esa institución tenía una clara vocación antidemocrática y violenta contra el ejercicio de los derechos ciudadanos, acorde con el rol que se le asignaba desde arriba como una institución netamente represiva.
Aquella etapa oscura obedecía al ambiente en el cual nació la institución, dotada incluso de una estructura castrense que hizo a los agentes policiales asumir un comportamiento militar alejado de su papel esencial de lidiar con la ciudadanía.
Esta estructuración de un pensamiento distante llevó a que, hasta hace pocos años, las acciones de los miembros de la institución fueran juzgadas por tribunales policiales integrados por jueces y fiscales policiales, con su propia corte de apelaciones, dejando poco margen para el ejercicio de los derechos de quienes se vieran involucrados en conflictos con los agentes.
Es decir, el “civil” casi siempre llevó las de perder, pues policías juzgando a policías era muy fácil colegir el desenlace.
Afortunadamente, esa aberración fue abolida hace un par de décadas, dejando a los agentes policiales en las mismas condiciones que todos los ciudadanos para responder ante la justicia ordinaria.
Todo esto ha sido parte de un esfuerzo encaminado a dotar a la sociedad de un cuerpo policial que responda a los intereses de la ciudadanía, cercana, empática, dispuesta a la mutua colaboración, en fin, una Policía Nacional ajustada a los tiempos democráticos que discurren.
No se puede negar que el mayor esfuerzo en ese sentido se ha emprendido en los últimos cinco años con el presidente Luis Abinader a la cabeza de la reforma policial, que ha cambiado la forma de reclutamiento, más entrenamiento, mejor remuneración y beneficios, pero también mayor compromiso de la institución.
Es por esto que actuaciones como el exceso del cabo que quitó la vida a un jovencito en Santo Domingo Oeste golpea la línea de acción del jefe del Estado, y genera preocupación en cuanto a si el esfuerzo está reportando los frutos perseguidos.
Entiendo que un lamentable hecho cometido por un agente policial desaprensivo no puede ser tomado como un fracaso de la reforma, pues en justicia hay que reconocer que la Policía actual difiere en todos los aspectos fundamentales de aquel cuerpo de vocación represiva.
