Estudié Derecho, amo esa carrera y considero que las leyes están entre los mejores inventos de la humanidad. Regulan la vida y la convivencia y son la base sobre la cual se construyen la familia, los negocios, la propiedad y la sociedad misma.
Las leyes son el freno de unos y la protección de otros. A pesar de nuestras diferencias, nos hacen iguales ante ellas y constituyen la principal garantía de nuestros derechos y libertades.
Pero de poco sirve una buena ley si nadie la hace respetar. Por eso, el sistema de justicia es tan importante como las leyes mismas. Incluso, me atrevería a decir que es preferible tener malas leyes y una buena justicia que buenas leyes y una mala justicia.
En República Dominicana hemos construido un sistema que muchas veces parece hecho a la medida de quienes violan las leyes. Y no hablo de los pequeños delincuentes, sino de los grandes: los que tienen dinero, poder e influencia; los que financian la partidocracia tradicional y los intereses que gobiernan detrás de las cortinas.
Tenemos una justicia lenta y costosa. Lenta, porque un proceso puede prolongarse durante años entre aplazamientos interminables y prácticas dilatorias que nadie parece dispuesto a frenar. Costosa, porque, aunque en teoría la justicia debería ser gratuita, años pagando abogados, alguaciles, notificaciones y traslados resultan insoportables para la mayoría de las familias. A eso se suma el desgaste emocional de enfrentar, una y otra vez, la indiferencia de las instituciones que deberían protegerte.
A mí no tienen que contármelo: lo he vivido.
Primero con el caso de mi hermano, cuyo proceso requirió más de 60 audiencias y se extendió por más de cinco años. Parte de los culpables terminó absuelta, entre otras razones, por el agotamiento de los testigos. Luego con el caso de mi padre, por el cual todavía acudimos a los tribunales, cargando prácticamente solos, como familia, con un proceso que busca poner límites a la irresponsabilidad de los centros médicos.
Las leyes deberían proteger al débil frente a los abusos del fuerte. Sin embargo, demasiadas veces nuestro sistema de justicia logra exactamente lo contrario: convierte la ley en una herramienta favorable a quienes tienen dinero, poder e influencia.





