En nuestra “sociedad del espectáculo” (Guy Debord), llena de “simulacros” (Jean Baudrillard), donde el banal entretenimiento se erige en valor supremo (Mario Vargas Llosa) de un mundo digital “hiperconectado”, en el que todo es contenido para consumo y monetización en las redes (Byung-Chul Han), se siente el impacto de esta espectacularidad “molecular” (Deleuze/Guattari) en la justicia.
Ya esto no es simple manipulación de la opinión pública que impacta los procesos y la imparcialidad de los jueces. No. Esto es mucho peor: el Estado, sus funcionarios y procedimientos judiciales adoptan, como señaló hace tiempo Karl Kraus, las formas y el lenguaje de los medios de comunicación -y ahora de las redes-, pendientes siempre de titulares, sondeos y memes.
Sufrimos populismo penal y lawfare puro y duro, gracias a la alianza infernal Ministerio Público-justicia-policía-prensa-redes sociales, configurándose los procesos en espectáculos iniciados con el anuncio de las investigaciones, bautizados -en descarado desacato de sentencia del Tribunal Constitucional- con nombres despectivos, con filtración al público de las investigaciones y audiencias judiciales donde pasean a los imputados, arrestados y esposados de madrugada, hasta el juicio final de unos acusados previamente condenados en los “juicios paralelos” de medios y redes.
Estamos ante la justicia del espectáculo y el espectáculo de la justicia. No hay respeto del acusado porque, como señala Han, en la “sociedad de la transparencia” no hay respeto para nadie. Lo que rige es el “shaming”: avergonzar, humillar y ridiculizar públicamente a unos acusados cuya única buena suerte es no haber sido asesinados en ilícitos “intercambios de disparos” que el Ministerio Público no tiene tiempo para investigar y perseguir pues “está muy ocupado con los casos de corrupción” (Diario Libre).
Busca así la justicia legitimarse vía el consenso popular. Pero fiscales y jueces, nos recuerda Inés Aizpun, no están en sus puestos “para ganar un concurso de popularidad ni para llenarse de likes”. Los jueces, dice Luigi Ferrajoli, “deben ser capaces de absolver cuando todos piden condena y de condenar cuando todos piden la absolución”. “Ningun consenso popular -insiste- puede suplir la prueba que falte o desacreditar la adquirida de un hipótesis acusatoria”.
Sin embargo, magistrados y fiscales apoderados de los megaprocesos ceden fácilmente a la tentación vanagloriosa de “las lisonjas o los aplausos y a la autocelebración”, vicio que conduce a “plegar la actividad judicial a las expectativas de la opinión pública y de los medios de comunicación”, obstaculizándose así “la obtención de la verdad”.
Advierte Ferrajoli que los jueces y fiscales no deben autoerigirse en “guardianes de la moral y de la virtud pública” y deben siempre rechazar la “autosuficiencia moralista”. “La colera, la irritación, el desdén, pero sobre todo la arrogancia, la presunción, la vanidad, la vanagloria, la complacencia en el ejercicio del poder punitivo deben ser extraños a la actividad judicial, que exige a los magistrados serenidad, equilibrio, buen sentido y plena conciencia de los propios -límites”.
Remember Lord Acton: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El de los jueces, como todo poder, nos dice Ferrajoli, no es, ni nunca podrá ser, “bueno”, o sea, “depositario de lo verdadero y lo justo”. El juez nunca debe amar su poder, sino verlo “como un límite, terrible y desagradable, de su desapasionado trabajo” en favor de la garantía de los derechos.
