Juan Bolívar Díaz
Pocas veces la responsabilidad social del empresariado dominicano ha quedado tan nítidamente expuesta en un discurso, como en el pronunciado el miércoles por el presidente del Consejo Nacional de la Empresa privada (CONEP), Rafael Blanco Canto, en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio.
Prosiguiendo el ejercicio responsable y valiente que ha caracterizado su corta gestión al frente del máximo organismo empresarial, Blanco Canto disertó sobre la necesidad de traducir en mejor calidad de vida de la mayoría de la población dominicana el crecimiento económico de los últimos cincuenta años y no titubeó en formular aprehensiones sobre las precariedades institucionales y esbozar algunos de los principales correctivos.
Sobre su propio sector, el presidente del CONEP señaló la necesidad de “ir más allá de los tradicionales programas de responsabilidad social y desarrollar modelos de negocios que, en sí mismos, cada día agreguen mayor valor a las comunidades que rodean nuestras empresas para fomentar las redes económicas y encadenamientos productivos que mejoren, a través de la propia actividad económica, los niveles de vida de las comunidades en que producimos y/o a las que vendemos”.
El discurso de Blanco Canto fue valiente al solicitar que se siga mejorando la calidad del gasto público en educación y salud, invirtiendo en los maestros, para más adelante llegar a reclamar una ley de responsabilidad fiscal con “reglas claras para el establecimiento y uso del presupuesto público, que ponga límites al endeudamiento y a los déficits fiscales”. Planteó que “quienes usen los fondos públicos al margen de lo dispuesto por las reglas presupuestarias deben ser sancionados con todo el peso de la ley”.
Atacó las debilidades institucionales y la cultura de acomodo de las normas legales y constitucionales para proclamar que “los dominicanos no podemos postergar un minuto más para ser gobernados por reglas de juego claras, transparentes y duraderas, pero sobre todo diseñar mecanismos fuertes que hagan obligatorios para todos el cumplimiento de esas leyes”.
Blanco Canto no evadió el próximo proceso electoral, advirtiendo que las próximas elecciones serán de las más complicadas de los últimos 20 años, por lo que resulta impostergable crear condiciones que permitan mantener la confianza en el sistema político, que consideró piedra angular de las instituciones, y mitigar el desgaste del liderazgo partidista. Volvió a reclamar una Ley de Partidos que garantice la institucionalidad democrática y la transparencia de esas organizaciones.
El énfasis estuvo puesto en “la aprobación de una robusta Ley de Garantías Electorales que regule los gastos de campaña, que garantice niveles de equidad en el acceso a los medios de comunicación, la colocación de publicidad y que ponga control al uso de los recursos del Estado y las ventajas que ofrecen las posiciones públicas durante las campañas”.
En la vorágine de los acontecimientos nacionales es posible que los planteamientos de Blanco Canto hayan pasado desapercibidos para muchos, por lo que invitamos a una lectura del texto. Hay que celebrar que el empresariado nacional tenga la valentía de expresar públicamente las preocupaciones que son generalizadas en sus propios ámbitos privados. La institucionalidad democrática es asunto fundamental para ellos y para todos los dominicanos preocupados por el devenir de la nación.
El líder empresarial no quiso quedarse en divagaciones generales y expuso con franqueza sus temores. (HOYdigital)
