Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito (Foto: Acento/Archivo)
Santo Domingo.- El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, manifestó que el proyecto de Ley para el Control y Regulación de Armas de fuego que se discute en el Senado, empeoraría la situación en el país y estimularía el comercio.
“El proyecto revive nuevamente la industria y la oferta del negocio de ventas de armas y municiones en la República Dominicana, que había sido limitado a partir del Decreto No. 309-06, de fecha 24 de julio del 2006, y que prohibió la importación de armas de fuego para el comercio con particulares”, dijo Domínguez Brito.
Señaló como ejemplo de lo planteado, el artículo 6 en su párrafo III de dicho proyecto que considera los fusiles como armas para civiles; es decir, que los fusiles M-14, M-16 y el Fal, armas de guerra, pueden tenerlos cualquier ciudadano.
Asimismo, el artículo 14 que regula los requisitos para obtener la calidad de persona autorizada establece como mínimo de edad los 25 años cumplidos, por lo que dijo considerar que este debe ser elevado a los 30 años, en cuanto a la persona física con la autorización de uso de armas.
“De los 1,808 homicidios ocurridos en el país el pasado año, 1,130 fueron con armas de fuego lo que representa un 62 por ciento de estos casos”
Otras observaciones realizadas por el Procurador fueron hechas al artículo 35, donde solicitó sean revisadas las restricciones de ciertos tipos de armas al exclusivo uso militar y pidió agregar al artículo 65, que cualquier persona física que le quite la vida a otra para cometer robo con violencia o atraco usando un arma ilegal, sea castigada con una pena de 40 años de privación de libertad.
Domínguez Brito solicitó durante una rueda de prensa, que le sea añadido al Proyecto de Ley detalles como “cualquier persona física que para cometer robo con violencia o atraco use un arma ilegal y a la vez provoque heridas que causen lesión permanente debe ser sancionado con pena de 30 años de privación de libertad; así como si las heridas no causen lesión permanente recomendó que se imponga la pena de 20 años de prisión”.
Igualmente propuso que la pena establecida en el artículo 67 de 5 a 10 años de privación de libertad sea elevada de 10 a 20 y que los militares que presten un arma para la comisión de un delito sean castigados con pena de 5 a 10 años de privación de libertad.
El jefe del Ministerio Público informó que las observaciones al “Proyecto de Ley para el Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Armas Blancas y otros materiales relacionados”, fueron enviadas al Senado a través de una carta dirigida a la presidenta, Cristina Lizardo Mézquita, el pasado 17 de julio.
Muertes con armas de fuego
Este martes 21 de julio, destacó que la mayor tasa de criminalidad que se registra en la República Dominicana se debe al uso y abuso indiscriminado de las armas de fuego. “De los 1,808 homicidios ocurridos en el país el pasado año, 1,130 fueron con armas de fuego lo que representa un 62 por ciento de estos casos”.
Criticó que lo peor es que la mayoría de las armas utilizadas para cometer esos hechos son armas de origen legal, armas que han sido robadas a sus propietarios y con ellas, matan a mujeres y jóvenes sin remordimientos.
Dijo que las críticas por parte de la institución que dirigen se realizan con el propósito de contribuir a que la República Dominicana tenga una ley de armas que favorezca la reducción de muertes por armas de fuego.
Dicho proyecto de Ley fue enviado al Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados la pasada semana. La iniciativa, de la autoría del diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Víctor -Ito- Bisonó, busca combatir el tráfico ilícito de armas de fuego, que afirma el legislador, pone en riesgo a los ciudadanos dominicanos.
Los diputados acogieron el informe favorable que rindió la Comisión de Interior y Policía, que preside Elpidio Báez, y que está contenido en 78 páginas. (Acento)
