Angel La Paz

El fórum donde mejor se desglosan las problemáticas dominicanas es en la sala de espera de un consultorio médico de la diáspora dominicana.

Me pude gozar ese fenómeno en mi reciente visita al médico en el Alto Manhattan.

Lo sorprendente de la tertulia es que los exponentes no son eruditos, sino personas comunes y corrientes, con una sola universidad, su propia vida.

Gocé al escuchar a un octogenario detallar con humor la ola de delincuencia que afecta la República Dominicana, la corrupción policial y los descargos judiciales. La reelección presidencial, con todo y su “tiburón podrido”. Se habló también del secuestro del hijo de la familia Baldera, en Nagua, del fusilamiento de los presuntos implicados y hasta de la desaparición de un dirigente de izquierda. Y no faltaron las comparaciones con tiempo de Trujillo. En fin, el viejo nos mantuvo despiertos a todos e hizo más corta las largas horas de espera.

Pero el tema más impactante fue el de la señora que asegura haber sido secuestrada en una clínica de Puerto Plata.

“Me pusieron un suero, y a cada rato me ponían un medicamento por las venas que sentía que se me estaba quemando la mano. No dejaban que nadie me visitara, ni familia ni amigo; no me daban de comer, me tenían secuestrada en esa clínica…”, relataba de forma gráfica.

“Mire, usted no sabe lo que yo pasé? Una hija mía pudo colarse y entró a la habitación, al ver mi condición solicitó mi alta inmediatamente. Luego me llevaron a Santiago, donde cuestionaron mi internamiento anterior; pero usted no se imagina cuanto hubo que pagar”…continuó la dama su relato, ante las risas de muchos y de ella misma.

Resalto este tema, porque son cada día más frecuentes los ciudadanos que aseguran ser víctima de internamientos y procedimientos innecesarios por parte de centros de salud privado, con el sólo propósito de reclamar altos pagos a aseguradoras o socavar, al contado, el bolsillo del paciente.

Las admisiones y los procedimientos innecesarios es un problema serio, desfalcan las compañías aseguradoras, al Estado y al paciente mismo. Este tema debe ser discutido lo antes posible entre las autoridades de Salud del Estado dominicano, las aseguradas y el Colegio Médico Dominicano.

El Ministerio de Salud Pública debe liderar esta discusión, desarrollar un conjunto de medidas, y crear un organismo que asegure el cumplimiento de normas profesionales y éticas. Y someta ante la ley a los “avivatos” que infrinjan las mismas.

La brecha al fraude está abierta. Esperemos de las autoridades un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado.