Vladimir Alonzo
La emisión del decreto 263-16 que crea la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial, es una acción que consuena con la palabra del presidente Medina, quien desde antes de ser reelecto para dirigir los destinos del país por 4 años más, había manifestado que la organización del tránsito en la República Dominicana, así como la creación de una entidad que unifique las instituciones que lo regulan, constituiría uno de los ejes fundamentales de su segundo gobierno.
La voluntad del gobierno de diseñar y ejecutar un plan de seguridad vial y de reducir las lesiones y muertes por accidentes de tránsito, se expresa en la súper estructura gubernamental que ha sido designada por el presidente para tales fines, según el artículo 3 del supra indicado decreto son estos: El Ministro de Obras Pública y Comunicaciones Gonzalo Castillo, la Ministra de Salud Pública y Asistencia Social Altagracia Guzmán Marcelino, el Ministro de Interior y Policía Carlos Amarante Baret, el Ministro de Educación Andrés Navarro, el Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez, el Director General de Tránsito Terrestre Luís Estrella, el Jefe de la Policía Nacional Nelson Peguero Paredes n representación de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), el Director General de Impuestos Internos Magín Díaz y el Secretario General de la Liga Municipal Dominicana Jhonny Jones.
A los anteriores, el decreto también agrega un miembro de alto nivel de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), lo más probable es que este décimo y último miembro se encuentre entre el Alcalde del Distrito Nacional, David Collado, el de Santo Domingo Este Alfredo Martínez o el de Santiago Abel Martínez.
Todos esos incumbentes y las instituciones que dirigen, representan un elevado porcentaje de la estructura del gobierno y todas, de conformidad con el acápite A del artículo 4 del decreto de marras, están obligadas a "Propiciar las facilidades institucionales que permitan la implementación de políticas públicas de seguridad vial, a partir de un marco participativo y plural". En otras palabras, el gobierno está disponiendo de casi toda su estructura institucional para que en el futuro inmediato, el tránsito en la República Dominicana sea más cómodo, seguro y esté mejor fiscalizado.
En tan solo 30 días a partir de la emisión del decreto 263-16, ya deberá haber un protocolo de actuación y una agenda de trabajo y en los 60 posteriores, la comisión deberá presentar un informe que contenga la toma y ejecución de medidas a corto, mediano y largo plazo. Además, la comisión estará obligada a reunirse mensualmente por lo menos una vez.
Ojalá que todo opere tan perfectamente como ha sido estructurado en el decreto, auguramos éxito a esta iniciativa pues sencillamente, nuestro país necesita con urgencia reducir los maratónicos taponamientos que se producen en la zona metropolitana, así como también las lesiones y muertes en las vías publica, las cuáles se encuentran actualmente por encima tanto de la media del continente como también de la media mundial.
