Eddy Olivares Ortega
Tan intenso fue el proceso de escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral que daba la impresión de que se trataba de la elección de los representantes de los tres poderes del Estado y de los ayuntamientos. Durante aproximadamente tres meses los temas más preocupantes del pueblo dominicano, tales como la grave situación económica, la corrupción y la inseguridad ciudadana, fueron desplazados de las páginas de los medios de comunicación por el concerniente a la designación de los referidos funcionarios.
Esta vez la efectiva fórmula de la hipnotización de la sociedad no fue elaborada en los laboratorios ilusionistas del gobierno. Se debe reconocer que por primera vez los anestesiólogos sociales de palacio pudieron tomar sus merecidas vacaciones que, aunque resulte difícil de creer, fueron cubiertas por la oposición, la cual, sin proponérselo, hizo dormir al pueblo y se quedó dormida, inútilmente, ella misma.
Al despertar de su somnolencia el Partido Revolucionario Moderno (PRM) chocó con la frustrante realidad de haber obtenido una victoria pírrica, junto a varios partidos emergentes y organizaciones de la sociedad civil, lo que se comprueba en el hecho de que por primera vez desde que en el año 1978 se reinstauró la democracia, el principal partido de oposición no cuenta, por lo menos, con un miembro de su confianza entre los que integran el pleno de la Junta Central Electoral.
Se espera que siendo coherente con su discurso la oposición, representada por dos miembros de los ocho que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura, sostendrá el mismo discurso cuando sean seleccionados los jueces que formarán parte del Tribunal Superior Electoral, al cual le corresponderá juzgar y decidir, con carácter definitivo, los asuntos contenciosos que se produzcan durante las elecciones municipales y las presidenciales y congresuales que deberán celebrarse el 16 de febrero y el 17 de mayo del 2020, respectivamente, así como de los conflictos que surjan a lo interno de los partidos políticos.
Consumado el hecho de que estará, por voluntad propia, totalmente ausente de los dos órganos electorales, sin ojos para mirar lo que acontece al interior de los mismos ni voz para clamar por la justa aplicación del derecho, el principal partido de la oposición debería despertar y levantarse de su lecho para exigir, con firmeza y madurez, la aprobación, al mismo tiempo, de la Ley de Partidos y la reforma de la Ley Orgánica Electoral, si es que en verdad tiene la intención de luchar para detener la manifiesta pretensión del hegemónico Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de continuar en el poder hasta la conmemoración, en el año 2044, de los doscientos años de la Independencia Nacional, como predijo su presidente, Leonel Fernández.
La tarea esencial de la oposición y la sociedad civil debe ser la de lograr que el partido hegemónico respete la institucionalidad democrática, lo cual debe iniciarse con el reclamo de la aprobación de las leyes orgánicas que le deben dar concreción a la Constitución del 26 de enero del 2010.
De estas leyes la primera que debió conocerse, y que todo parece indicar que el PLD pretende aprobar en el año 2044, fue la reforma a la Ley Orgánica Electoral, sin la cual, sin importar quienes integren la JCE, no tendremos elecciones equitativas ni transparentes.
