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Santo Domingo.-El senado convirtió en ley este miércoles al aprobar de urgencia y en dos sesiones consecutivas, las modificaciones al Código Penal que mantiene la penalización del aborto, establece la acumulación de la pena hasta 60 años de prisión, eleva la pena máxima de 30 a 40 años de cárcel y castiga el femenicidio con 40 años de prisión.

Por la iniciativa votaron 19 senadores a favor y sólo Julio César Valentín votó en contra.

El presidente de la Comisión de Justicia, Arístides Victoria Yeb, leyó un informe ejecutivo al pleno sobre el Código Penal, y advirtió que en el país se quiere instaurar “la industria del aborto”, lo dijo hay que impedir.

Exhortó a sus colegas aprobar el Código Penal, porque viene a contribuir a combatir la delincuencia y garantizar la paz ciudadana.

El aborto

En el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, se eliminó el artículo 110 del Código Penal, referente al aborto, y estableció un párrafo que manda a la creación de una ley especial.

Se trata del párrafo que expresa: “la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o por malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial”.

Se específica que el aborto se castigará con penas de dos a tres años, y se incluye a la mujer que lo cause o a una persona que le ayude. Del mismo modo, al médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional que ayuden a causar el aborto. La pena sería de cuatro a 10 años.

La iniciativa fue aprobada tal y como la remitió la Cámara de Diputados y pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

La pieza tenía doce años en el Congreso Nacional, tras ser sometida por el Poder Ejecutivo, que designó una comisión especial de juristas para introducirles los cambios y adecuarlo a los nuevos tiempos, el mismo fue ampliamente debatido por los legisladores.

Se recuerda que en noviembre de 2014 el presidente Danilo Medina observó los artículos referentes al aborto, en el Código Penal, para que los legisladores especifiquen las excepciones que deben prevalecer en caso de penalizar la interrupción del embarazo. (El Nacional)