Juan Bolívar Díaz

Si alguna vez negué a alguien el derecho a la libre expresión o condené a alguna persona por sostener convicciones fruto de su honrada concepción de la vida, tengo que hacer un acto de contrición. Durante ya más de medio siglo, desde que era un dirigente laico católico, he escrito artículos y he disertado con absoluta libertad, y he militado en la pluralidad y la diversidad como esencia de la comunicación y la condición humana.

Por esas y otras razones defiendo el derecho a la expresión de los que por convicción religiosa consideran abominable y pecado mortal toda interrupción de un embarazo, sin importar circunstancias, sin la menor concesión a los derechos y la dignidad de la mujer, a la que se le obliga a ofrendar su propia vida y generar orfandades y viudez en aras de un proyecto de vida muchas veces iniciado con violencia sobre su alma y cuerpo.

Respeto la convicción de quienes sostienen que desde que un espermatozoide y una célula madre se unen, ese accidente adquiere supremacía sobre la portadora, aunque la gestación tenga lugar fuera del útero, deviniendo en lo que se denomina embarazo ectópico. Más aún cuando se trata de pastores con responsabilidad religiosa sobre millares de fieles. Les reconozco derecho a predicar hasta que es pecaminoso utilizar recursos creados por la ciencia para evitar un embarazo no deseado, como todavía ocurre por lo menos en la Iglesia Católica. Y si sus fieles así lo aceptan en acto de libre albedrío o por convicción religiosa, ni el Estado, ni las leyes ni nadie lo pueden disputar.

Pero nunca he podido entender que algunos pastores no tengan el mismo respeto y consideración por la inmensa mayoría de la población humana que acepta los anticonceptivos y hasta la interrupción del embarazo por lo menos cuando ha sido impuesto a la fuerza, física, moral y espiritualmente traumático, cuando pone en peligro la vida de la madre o si el feto en gestación se demuestra inviable.

La prevención del embarazo, por cualquier medio, es ya más que universal y las excepciones para su interrupción están consagradas en más de 190 de los 200 países del mundo, aunque muchas iglesias siguen manteniendo objeciones que no comparten la inmensa mayoría de sus propios fieles, como han demostrado investigaciones científicas.

Aunque también hay que consignar que numerosas iglesias evangélicas, como la Anglicana o Episcopal, hace tiempo que aceptan todos los métodos de planificación familiar, y la interrupción del embarazo en las tres circunstancias en disputa en nuestro país. Igual la mayor parte de los religiosos auténticos que conozco, de ambos sexos.

Lo inaceptable es que quienes se aferran al pecado absoluto quieran imponer su concepción a toda la sociedad apelando al chantaje sobre políticos y legisladores y que estos se dobleguen en la mayoría de los casos sin ninguna convicción religiosa ni científica, por simple oportunismo político de buscar la gracia de los jerarcas obligados a defender dogmas. Todavía en Filipinas la Iglesia Católica obstruye la institución del divorcio y los políticos siguen discutiéndolo. En Chile los obispos católicos impidieron hasta el 2004 que se legislara para permitir el divorcio, que desde luego los ricos conseguían.

Creo que nadie pretende obligar a utilizar anticonceptivos ni a ningún género de aborto, aún con un embarazo peligroso, inviable o fruto de una violación. Pero tampoco se debe encarcelar a una madre que defienda su vida y su dignidad, ni obligarla al peligroso aborto clandestino, lo que solo sufren las mujeres pobres, que van a hospitales públicos, pues todos sabemos que las acomodadas y ricas lo hacen en las clínicas privadas o viajan a países vecinos donde el aborto es absolutamente libre.

El debate chantajista que ha predominado en el país sobre este asunto es indigno de los que tenemos firmes convicciones religiosas y filosóficas. Yo le daría todo mi apoyo, ternura y comprensión a una niña traumatizada que no acepte la criminal violación de su dignidad, y a la madre que no quiera jugarse la vida por un embarazo improcedente o inviable. Necesitamos un acto colectivo de contrición por este penoso debate. (Hoydigital)