Eugene A. Rault Grullón, presidente de laAsociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje)

Santo Domingo.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) advirtió que ya es momento de que los poderes del Estado envíen un mensaje claro y contundente tanto a la población como a la clase política del país, “sobre la cero tolerancia ante casos de corrupción y señales de independencia de los poderes”.

En una declaración remitida a los medios, los empresarios señalaron la importancia de que el Ministerio Público transmite un mensaje contundente a la población, que mitigue la percepción ciudadana acerca de la cuestionada independencia de los poderes del Estado.

“Es momento también de remitir un mensaje directo a la sociedad en su conjunto de que no habrá tolerancia ante casos de corrupción, abuso de poder, malversación de fondos públicos o de cualquier otra índole, que involucre falta de transparencia sobre el manejo y la sustracción de fondos del Estado”, señaló Eugene A. Rault Grullón, presidente de la asociación empresarial.

Ley de Soborno. Rault Grullón sostuvo que a pesar de haber transcurrido más de 10 años desde la promulgación de la Ley de Soborno en el Comercio y la Inversión (448-06), esta normativa no se ha convertido en una herramienta para impulsar la investigación, acusación y sanción a los responsables de cometer actos de corrupción, tanto funcionarios como particulares.

En ese sentido, enfatizó que pese a que esa ley contempla sanciones para los infractores, no ha sido efectiva para procesar a los corruptos y corruptores, por lo que desde 2006 ha crecido la percepción ciudadana de las debilidades del sistema de justicia penal y la desconfianza sobre los órganos que componen dicho sistema, así como el deterioro de la imagen internacional del país en materia de transparencia en el manejo de gastos públicos.

Puntualizó que por esto es esencial que en la coyuntura actual el Ministerio Público actúe con voluntad y decisión para lograr crear precedentes de que la justicia actuará sin contemplaciones contra los infractores el marco de la ley y del debido proceso, llevando los casos judiciales hasta las últimas consecuencias. (Hoydigital)