La embestida por la transparencia en la función pública encierra también un alto contenido político que se utiliza para invalidar opciones electorales o, en el peor de los casos, salir de Gobiernos establecidos. Caso Guatemala con el presidente Otto Pérez Molina, su vicepresidenta y varios altos cargos.

El uso correcto de los fondos públicos puestos al cuidado de los funcionarios es una obligación que no debería ser impuesta sino que debería derivarse de la propia conducta del individuo.

Pero no siempre ocurre así y de ahí los esfuerzos para poner a resguardo los bienes colectivos frente a los desmanes en que suelen incurrir los mandatarios. Hasta ahí todo a pedir de boca.

¿Dónde nos topamos con la parte subliminal de la cuestión? Eso sucede cuando juntamente con los afanes por la real transparencia se envuelven intenciones que van más allá del interés porque las cosas se hagan bien, y trascienden luego a la parte política.

Es decir, que lo medular pasa a ser el proyecto oculto de poderes establecidos por invalidar opciones electorales de futuro, aún cuando los incautos compran los discursos y las propias acciones visibles que alegan un supuesto desinterés.

Los partidos que se montan en esa corriente “moralizadora” asumiendo que serán beneficiados con el resultado final del proceso, muchas veces terminan siendo barridos por la ola sobre la cual se montaron sin medir consecuencias.

En eso no hay nada nuevo sino que existen suficientes experiencias en América Latina que pudieran servir de preaviso. Pero como dice el viejo refrán que “nadie aprende en cabeza ajena”, éste bien que se les puede aplicar a los partidos.

El proceso que ahora mismo envuelve a la República Dominicana en una suerte de frenesí anticorrupción y por la transparencia tiene a más de uno en el limbo sin saber que las cuchillas que se están afilando apuntan a sus propias gargantas.

¿No se han dado cuenta de que la intención de los factores externos, fundamentalmente, es sentar en el banquillo de los acusados a todo el sistema de partidos en la República Dominicana, o piensan que la arremetida callejera y judicial empujada desde afuera es solo contra la formación que gobierna?

Resulta aún más complicado el asunto cuando se percibe que dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana haya quienes supongan que el acoso no va contra esa organización en su conjunto, siendo la realidad que no sólo es contra todo el PLD, sino sobre todo—y más problemático todavía—contra el Gobierno.

Los hechos históricos, sobre todo tan recientes, deberían servir para algo. Y éstos nos recuerdan las barridas que han sufrido los partidos en varios países de nuestra región por haberse descuidado. Alarma encendida.