Nada volverá a ser igual después del escándalo Odebrecht. Es innegable que la relación entre los partidos políticos y la sociedad se encuentra peligrosamente deteriorada, aunque no lo suficiente como para provocar un divorcio definitivo entre ellos.

La armonía entre la sociedad y la comunidad política es indispensable para el buen funcionamiento de una Democracia Representativa, tomando en consideración que los partidos políticos tienen como una de sus principales funciones la de presentarle al electorado las propuestas de las candidaturas a los cargos de elección popular.

Por el anterior motivo es que los partidos políticos han sido considerados como los intermediarios naturales entre la sociedad y el Estado, razón por la cual, a su vez, la sociedad tiene pleno derecho de reclamarle a los partidos políticos un funcionamiento democrático y transparente, tal y como lo manda el artículo 216 de la Constitución Política.

Durante un largo período de tiempo la sociedad civil desatendió su deber de reclamarle a los partidos políticos la administración correcta de los bienes y los fondos públicos. Ni el reclamo del fin de impunidad ni el de la eliminación de la corrupción fueron planteados durante los últimos 12 años consecutivos de administración peledeista, a pesar de que esos gobiernos se caracterizaron por las constantes denuncias de corrupción.

Fue el escándalo internacional de la Constructora Odebrecht el que hizo levantar a la sociedad dominicana de su letargo. Por lo tanto, el movimiento de protesta social es hijo de un padre extranjero llamado Brasil.

El escándalo político-financiero que ha indignado a la sociedad, producto de los sobornos que por más de una década pagó la multinacional brasileña Odebrecht, para ganar las licitaciones de las más costosas obras públicas contratadas por el Estado, obliga a los partidos políticos a reflexionar sobre la insensatez de morir ahogados en el pantano de la corrupción o autorregularse con efectividad para procurar recuperar la confianza de la sociedad.

Algunos entienden que la existencia de la Ley de Partidos hubiera evitado o, por lo menos, disminuido la magnitud del referido escándalo. No estoy de acuerdo del todo con ese criterio, porque los sobornos no tenían un interés esencialmente electoral, sino de enriquecimiento personal. Sin embargo, en lo concerniente al financiamiento de las campañas sí estoy de acuerdo, a pesar de que esta violación no se materializó por falta de normas. Recordemos que los artículos 47 y 55 de la vigente Ley Orgánica Electoral prohíben el financiamiento de las empresas extranjeras, al tiempo que el 174 lo condena con pena de prisión correccional de tres meses a un año y multa de RD$2,000.00 a RD$5,000.00.

Todo indica que los partidos políticos no tienen otra salida que la de aprobar, en el curso del presente año, las leyes de Partidos y Agrupaciones Políticas y la Orgánica del Régimen Electoral, con el propósito de reencontrarse con la sociedad.

No tengo la menor duda de que una vez aprobadas estas normas políticas y descartado el éxito de cualquier intento del presidente Danilo Medina de reformar, por segunda vez, la Constitución para intentar reelegirse, los actuales partidos políticos competirán sin mayores obstáculos en las elecciones del año 2020.