En 2009 el asesinato de un abogado opositor implacable del presidente de Guatemala, estremeció a ese país y toda Latinoamérica, cuando cada indicio inicialmente analizado daba la media de un crimen de Estado.La creencia generalizada de que el señor Rodrigo Rosenberg había sido mandado a matar por sectores del Gobierno, tomó cuerpo cuando se dio a conocer un video grabado por el malogrado profesional, en el cual advertía que si era asesinado, la agresión había que atribuirla al presidente Álvaro Colom, a la entonces primera dama Sandra Torres y a otros cercanos al poder político.
El revuelo ocasionado por aquel asesinato fue de tal magnitud que una comisión internacional se hizo cargo de la investigación, atendiendo a que Guatemala es una suerte de “colonia jurídica” cuyas decisiones en materia judicial están tuteladas por un organismo foráneo.
Los resultados de esa investigación fueron igualmente estremecedores para todos los sectores guatemaltecos, al comprobarse que el abogado había organizado su propio asesinato para atribuírselo al Gobierno de Colom, con la errónea perspectiva de que lo haría caer.
Sin embargo, el Gobierno del señor Colom no cayó, sino que ese hecho puso en evidencia que el señor Rosenberg había desarrollado un perfil cuasi patológico contra Colom y su entorno de poder.
Como se recordará, Rosenberg contrató a un camarógrafo para que grabara determinados episodios de su trama, incluyendo el momento cuando el supuesto sicario lo ejecutaba, en una suerte de “suicidio asistido”.
Pues bien, he querido referir el caso de Guatemala para matizar el hecho de que en cualquier país, por supuesto incluyendo a la República Dominicana, los niveles de fanatismo de ciertos individuos, sobre todo el empecinamiento contra determinados funcionarios del Estado, les puede llevar a seguir la ruta de Rosenberg.
Y particularmente me enfoco hacia los medios de comunicación, donde es obvio que el afán de notoriedad ha estado conduciendo a algunas personas a considerarse tan importantes que cualquier percance pudiera conducir al colapso del Gobierno, cuando sabemos que eso no es cierto, y que a lo sumo a esa clase de “mártir” se le recuerda durante un tiempo en un círculo muy reducido hasta que se va perdiendo en la memoria.
Es importante recordar que el trabajo de un periodista o de un comunicador—que no es lo mismo, pues todo el que expresa una idea está comunicando—no es arrogarse el derecho de perdonavidas de los funcionarios públicos, sino informar correctamente y procurar que los servidores del Estado actúen correctamente.
Empero, muchos consideran que pararse ante un micrófono y una cámara les convierte en dueños de la verdad y que pueden repartir acusaciones contra todo el que se les ocurra sin consecuencias.
