El 16 de agosto del año 2016, al tomar posesión para un nuevo mandato presidencial constitucional que ha de cubrir el período 2016-2020, el presidente de la República, Danilo Medina, dijo ante la Asamblea Nacional que este será el cuatrienio del agua, y de inmediato definió 4 pilares sobre los cuales apoyaría su nueva política ambiental orientada a la reducción de la contaminación del agua, al saneamiento básico, a los programas de reforestación de las cuencas hidrográficas y a la separación de los roles normativos de los roles operativos en materia de gestión del agua.

Como parte de esa nueva visión ambiental gubernamental fue designado el Lic. Francisco Domínguez Brito al frente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y apenas un año después se observan grandes e incuestionables resultados positivos que evidencian ante la comunidad ambiental, y ante todo el país, que para resolver los grandes y viejos problemas ambientales sólo hace falta contar con voluntad para aplicar correctamente el texto de la Ley Ambiental 64-00 y el texto de la Ley de Áreas Protegidas 202-04, sin distinción de rango político o social, sin extremismos ni fundamentalismos, pero con la imparcialidad y objetividad que demanda la sociedad.

Las dos primeras pruebas de fuego del nuevo ministro de Medio Ambiente fueron las resoluciones 13-2016 y 14-2016, la primera de ellas ordenando sacar todas las chatarreras de barcos emplazadas en los ríos Ozama e Isabela, y la segunda de ellas ordenando desalojar la agricultura emplazada ilegalmente en el Parque Nacional de Valle Nuevo (Juan Bautista Pérez Rancier), y aunque en principio ambas resoluciones fueron vistas como utópicas, aunque ambas resoluciones fueron objetadas infructuosamente ante el Tribunal Superior Administrativo por abogados y empresarios que pretendieron que su ilegalidad fuese declarada legal y que la legalidad de las leyes 64-00 y 202-04 fuese declarada ilegal, aunque parte del fundamentalismo de la Iglesia Católica amenazó diciendo que en Valle Nuevo “correría la sangre” si no se dialogaba con los amotinados agricultores renuentes a salir del parque nacional, y aunque una parte de la efervescente comunidad ambiental se negó a apoyar al ministro de Medio Ambiente y se colocó de espaldas a la Ley de Áreas Protegidas y a favor de los agricultores, el ministro de Medio Ambiente y el presidente de la República se mantuvieron firmes en su decisión de hacer respetar la Ley de Áreas Protegidas y la Ley Ambiental, y vencido el plazo de cada Resolución desalojaron por la fuerza a todos los agricultores emplazados ilegalmente en Valle Nuevo, algunos de los cuales todavía pronuncian resabios acompañados de una iglesia Católica cuya imagen pública hoy está en su peor momento por los grandes escándalos que la estremecen, y también desalojaron por la fuerza los 24 barcos que estaban en las diferentes chatarreras de los ríos Ozama e Isabela.

La tercera prueba de fuego del nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido enfrentar el desastre ambiental que por décadas hemos permitido construir deliberadamente en el pestilente vertedero de basuras de Duquesa, donde en violación a los artículos 82, 86 y 107 de la Ley Ambiental 64-00 hemos permitido convertir el lugar en una fuente generadora permanente de lixiviados contaminantes de las aguas subterráneas utilizadas por las comunidades vecinas, contaminantes del cercano río Isabela, del río Ozama y del mar Caribe, así como del suelo y del subsuelo del área de emplazamiento, por lo que el ministro de Ambiente, junto a la Alcaldía de Santo Domingo Norte, sometió a la justicia a los temerarios responsables de esta grave contaminación, violatoria de la Ley Ambiental, y donde el ministro tampoco ha recibido el respaldo público del fundamentalismo ambiental que sólo se expresa fervorosamente cuando la agresión ambiental, imaginaria o real, es atribuible a la industria minera, por lo que mucha gente piensa que gran parte de la comunidad ambiental nacional, en lugar de ser ambientalistas, lucen antimineros.

Pero para no dejar dudas del firme compromiso con la protección de las aguas y la reducción del altísimo nivel de contaminación, en la semana que acaba de concluir el ministro de Medio Ambiente ha reconocido públicamente, y así fue publicado con grandes titulares de primera plana de la prensa escrita, que los habitantes del Gran Santo Domingo nos bañamos con agua de los inodoros, fruto de que en cada torre habitacional construimos pozos filtrantes para descargar hacia las aguas subterráneas los desechos de nuestros inodoros y al lado de ese pozo filtrante construimos un pozo tubular para extraer aguas subterráneas contaminadas y almacenarlas en nuestras cisternas y desde ahí subirlas hasta nuestra ducha y hasta nuestros lavamanos donde nos bañamos y cepillamos con agua de inodoros, planteamiento que es concordante con lo expuesto por el presidente Medina cuando en su discurso de toma de posesión el 16 de agosto de 2016 reconoció que “más de la mitad de las consultas médicas se derivan de problemas relativos al agua y al saneamiento”, quedando pendiente el desafío de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del Polígono Central de Santo Domingo, por ser el más contaminado por los inodoros.