Pueden recoger y volver al cómodo individualismo y las agendas particulares todos los que crean que la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad alcanzará su objetivo de manera fácil y a corto plazo, pues se trata de una batalla de muy largo aliento, en la que hay que renovar la consigna de que “en la lucha del pueblo nadie se cansa”.

Son muchas las jornadas de lucha de la sociedad dominicana, pero debe ser enarbolada como ejemplo de concertación y persistencia la que de la Coalición por una Educación Digna hasta que obligó a cumplir la ley general de Educación de 1997 que dispuso la inversión del 4 por ciento del producto bruto interno en la educación básica.

Durante 15 años múltiples organizaciones sociales, como la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Educa, Participación Ciudadana y el Centro Bonó, con apoyo de los medios y comunicadores independientes, se mantuvieron promoviendo el cumplimiento de una ley que ya había sido fruto de años de concertaciones por la educación, para que más de 363 niños pudieran ir a la escuela y los que asistían encontraran butacas para sentarse. Luchamos por el desayuno escolar y para que construyeran 10 mil nuevas aulas y reparáramos miles deterioradas. Se impartía docencia bajo árboles y en enramadas y los padres y maestros tenían que llevar hasta tizas y borradores.

En 2008, la ADP, presidida entonces por la maestra María Teresa Cabrera, ahora entre las líderes de la Marcha Verde, lanzó la campaña nacional de “Un millón de firmas por la educación”, alcanzando en noviembre 535 mil. Fue el germen de la Coalición por una Educación Digna lanzada el año siguiente por decenas de entidades sociales, y constituida formalmente en el 2010.

Los paraguas amarillos fueron elementos escenográficos en programas de televisión. En el 2010 se fracasó en lograr que el gobierno del PLD incluyera el 4% para la educación en el presupuesto del 2011. Destinábamos apenas el 2%, mientras América Latina promediaba 4.8%, pero la lucha continuó. Los distintivos amarillos llegaron a ser objeto de agresiones, como la sufrida por el padre Mario Serrano en una de las vigilias ante el Palacio Nacional. Hubo que hacer que el Tribunal Contencioso Administrativo dictaminara que la policía no podía impedir las manifestaciones ciudadanas.

El 2011 fue el año de mayores movilizaciones, con “caminatas por la educación” en diversas ciudades del país. El 2 de octubre fue la mayor cuando unas diez mil personas marcharon desde la Universidad Autónoma hasta el parque Independencia. La Coalición aprovechó la campaña electoral del 2011-12 para forzar a los candidatos presidenciales a firmar el compromiso de acatar la ley del 4% del PIB para educación, que ha cumplido el gobierno de Danilo Medina, que lo enarbola como su obra maestra.

Este recuento vale para ser tomado en cuenta por los que dentro de la Marcha Verde se impacientan porque a 8 meses de su inicio no alcanzan a ver logrado el objetivo, y para los que desde el PLD y el gobierno juegan al paso del tiempo y el cansancio. Es más difícil el fin a la impunidad para contener la corrupción, que lo que fue alcanzar el 4% del PIB para la educación. Es muchas veces más complejo revocar los niveles de enriquecimiento ilícito, de rentismo y clientelismo, así como el patrimonialismo del Estado.

La Marcha Verde tendrá mayores posibilidades en la medida en que se acerquen las próximas elecciones generales, en el 2020, y si persiste hasta entonces podría alcanzar niveles apreciables de éxito. Si los actuales gobernantes no responden al clamor nacional, y si los partidos opositores no son capaces de asumir con nitidez la urgencia del cambio, habrá posibilidad de que emerja una alternativa política, como ha ocurrido en los últimos años en toda la región centroamericana y antes en Sudamérica.

Todo depende de que la Marcha Verde mantenga el crecimiento sostenido y el vigor que registra y sus características fundamentales como movimiento cívico-social, no partidista, plural, participativo y de dirección horizontal, que ha promovido cientos de nuevos dirigentes sociales y de actores políticos.