Uno de los problemas al que muchos atribuyen la fragilidad de la democracia en la República Dominicana es lo que en algún momento se dio en llamar “arritmia institucional”, es decir, la falta de continuidad del marco legal que norma nuestra vida civilizada.

El enfoque fundamental lo dirigen hacia el entorpecimiento de la sistematicidad del ordenamiento constitucional, a partir de la cantidad de veces que ha sido modificada nuestra Carta Magna, casi siempre para acomodarla a intereses particulares o para salir de un embrollo.

Fue este último el caso de la acelerada reforma constitucional de 1994, la cual se llevó a cabo con una prisa increíble, al punto de que fue promulgada un día antes de la juramentación del presidente Joaquín Balaguer para un recortado periodo de dos años.

En aquella apresurada reforma se consignaron varios aspectos que en su momento se consideraron necesarios o al menos importantes, de los cuales sólo han sobrevivido algunos, pues los demás han sido echados por tierra por los intereses generalmente partidarios.

Podemos citar la prohibición de la reelección consecutiva, el establecimiento del requisito del 50% más un voto para que un candidato pueda ganar la Presidencia de la República o de lo contrario acudir a una segunda vuelta o balotaje con el segundo en la carrera, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la doble ciudadanía con el consiguiente derecho al voto de los dominicanos en el exterior.

Se establecieron los llamados colegios cerrados, la segregación por sexo de las tandas de votación y la separación de las elecciones presidenciales de las congresuales.

De esa reforma sobreviven la doble vuelta, el CNM y las prerrogativas constitucionales de los dominicanos que residen fuera del país. Lo relativo a colegios cerrados y la separación por sexo (mujeres por la mañana y hombres después del mediodía) rápidamente desapareció por tratarse de una aberración.

La prohibición de la reelección consecutiva fue lo primero en desaparecer, por tratarse de un elemento crucial en la lucha por el poder y ser el rasgo común en casi todas las reformas a la Carta Sustantiva habidas en nuestro país, es decir, buscar un bajadero constitucional a situaciones coyunturales que no han permitido que ninguna constitución haya madurado lo suficiente.

Como una paradoja difícil de asimilar hay que decir que la de 1966 ha sido una de las constituciones más duraderas, a pesar de haber sido prohijada por un gobernante tenido siempre como autoritario, pero que en la práctica dio mayores muestras de respeto a la institucionalidad—aun fuera su institucionalidad—que los llamados demócratas.

Creo que ha llegado el tiempo de que los políticos entiendan lo malo que es ese derrotero.